Tegucigalpa/Washington – Una escalada militar sin precedentes en la guerra contra el narcotráfico se materializa en el Caribe con la confirmación del segundo ataque cinético estadounidense que resultó en la muerte de tres presuntos narcotraficantes venezolanos, mientras Washington posiciona estratégicamente aviones de combate F-35 en Puerto Rico, estableciendo capacidad de respuesta a menos de 30 minutos de vuelo desde Venezuela.
El presidente Donald Trump anunció a través de su red social Truth que las Fuerzas Armadas ejecutaron el operativo letal contra «cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos» en aguas internacionales, donde presuntos criminales venezolanos transportaban drogas con destino a Estados Unidos, confirmando que no hubo bajas estadounidenses durante la operación.
«Si estás transportando drogas que pueden matar a los estadounidenses, ¡te estamos cazando!», advirtió Trump en su publicación, caracterizando a estas organizaciones criminales como una amenaza directa a la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos, mientras justifica la nueva estrategia militar por las «consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses, matando a millones de ciudadanos» durante décadas de narcotráfico.
El término «ataque cinético» marca un nuevo precedente en la política antidrogas estadounidense al referirse específicamente a acciones militares que emplean fuerza física letal, trascendiendo las tradicionales operaciones de interdicción o confiscación para entrar en territorio de eliminación directa de objetivos considerados amenazas para la seguridad nacional estadounidense.
Esta operación se produce simultáneamente con el despliegue de los primeros cinco aviones furtivos F-35 que llegaron el sábado a Puerto Rico, como parte de una dotación de 10 aeronaves que forman parte del grupo naval-aéreo desplegado en el Caribe específicamente para atacar embarcaciones o grupos de narcoterroristas que buscan, según la administración Trump, «infestar con el tráfico de drogas las calles de las ciudades estadounidenses».
La ubicación estratégica de Puerto Rico, situada a menos de mil kilómetros de Venezuela, permite que el F-35, considerado la actual joya de la corona de la aviación militar estadounidense, pueda completar el vuelo San Juan-Caracas en menos de 30 minutos, estableciendo una capacidad de respuesta inmediata que transforma radicalmente el equilibrio de poder militar en la región caribeña.
El Comando Sur (SOUTHCOM), con sede en Miami y responsable de operaciones militares en el Caribe y América Latina, tendrá pronto a disposición estos avanzados sistemas de combate para realizar operaciones en una región que Washington considera infiltrada por organizaciones narcoterroristas que representan amenazas existenciales para la seguridad estadounidense.
La estrategia militar se enmarca en la posición del gobierno de Trump que considera a Venezuela como territorio controlado por la organización narcoterrorista conocida como Cártel de los Soles, cuyo líder identifica como Nicolás Maduro, a quien no reconoce la condición de presidente de Venezuela, sino que lo califica exclusivamente como «jefe narcoterrorista» que dirige operaciones criminales transnacionales.
Esta caracterización de Maduro trasciende las tradicionales disputas diplomáticas sobre legitimidad gubernamental para adentrarse en clasificaciones de seguridad nacional que justifican respuestas militares directas, convirtiendo el conflicto político venezolano en una operación antiterrorista que autoriza el uso de fuerza letal contra objetivos considerados criminales.
El gobierno venezolano no se ha pronunciado inmediatamente sobre las acusaciones más recientes, aunque en ocasiones anteriores ha rechazado señalamientos similares de Estados Unidos, caracterizándolos como «agresiones» y «montajes políticos» diseñados para justificar intervenciones militares en la región.
La nueva estrategia representa una transformación fundamental en el enfoque estadounidense hacia el narcotráfico regional, donde las tradicionales herramientas diplomáticas y de interdicción dan paso a operaciones militares letales que establecen precedentes para futuras intervenciones en una zona geográfica donde múltiples países enfrentan desafíos relacionados con organizaciones criminales transnacionales.
