Miami, EE. UU. / Tegucigalpa, Honduras. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció esta semana que seguirá adelante con la acusación contra Smartmatic Corp, la conocida empresa de tecnología de origen venezolano, por su presunta implicación en un esquema de soborno y lavado de dinero para asegurar contratos en Filipinas.
La decisión de proceder con el juicio, que se ventilará en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, se produce después de que los fiscales revisaran una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump.
Dicha orden había puesto en pausa la aplicación de leyes que permiten enjuiciar a empresas extranjeras por prácticas corruptas, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Según informó la agencia Bloomberg, los fiscales no detallaron los motivos específicos detrás de su decisión de reactivar el caso, simplemente confirmaron su «intención de proceder con el juicio».
La ley FCPA prohíbe a empresas con vínculos en Estados Unidos ofrecer pagos a funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales.
Este caso cobra especial relevancia en Honduras, donde Smartmatic se ha consolidado como un proveedor clave del sistema electoral. Tras haber gestionado el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las primarias de marzo, la empresa se adjudicó recientemente el contrato para el servicio de biometría facial en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Además, esta misma semana, Smartmatic presentó una oferta para hacerse cargo del servicio de conectividad que utilizará el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la transmisión de resultados en esa misma jornada electoral, en la que los hondureños elegirán presidente, 128 diputados y 298 alcaldes.
La reactivación de este caso judicial en Estados Unidos añade un nuevo elemento de escrutinio sobre uno de los actores tecnológicos centrales de los comicios hondureños.
