Tegucigalpa – En su Informe de Derechos Humanos 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el “Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09)”.
En este sentido, el extenso informe cubre una amplia gama de temas, incluido el respeto por la integridad del individuo, el respeto por las libertades civiles, la libertad de participar en actividades políticas, la corrupción gubernamental y la falta de transparencia, y la postura del gobierno sobre los derechos internacionales y no gubernamentales. investigaciones gubernamentales de presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos.
Él dice que Honduras es una república constitucional multipartidista. En noviembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones locales y nacionales más recientes. Para un mandato de cuatro años a partir de enero, los votantes eligieron como presidenta a Xiomara Castro, del Partido LIBRE. En general, los observadores internacionales consideraron que las elecciones fueron libres y justas.
Sin embargo, el Departamento de Estado de EE. UU. señala en la sección sobre corrupción y falta de transparencia en el gobierno hondureño que aunque la ley establece sanciones penales para la corrupción oficial, las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Dijo que hubo muchos informes de corrupción en el gobierno.
Según el informe, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva el 2 de febrero de 2022, absolviendo a los servidores públicos que sirvieron bajo la administración de Zelaya (2006-2009) de todos los cargos de irregularidades. Al menos 24 acusados habían utilizado la ley hasta octubre para que se desestimaran los casos de corrupción.
El 1 de marzo, el Congreso Nacional derogó la Ley de Secretos, también conocida como Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. La sociedad civil había criticado la ley por limitar la transparencia y permitir que los funcionarios utilizaran la clasificación de documentos para ocultar la corrupción.
Corrupción: El 10 de junio, Marco Bográn fue condenado por estafa agravada y condenado a más de 10 años de prisión. Fue el exdirector de INVEST-H, la organización gubernamental a cargo de negociar contratos con empresas privadas para brindar alivio por la pandemia de COVID-19. También se impusieron 58,7 millones de lempiras ($14,475 millones) en multas y un año de cárcel. Aunque el Ministerio Público apeló la decisión de la corte el 25 de julio, el juez lo absolvió de los cargos de mala conducta y fraude oficial.
El pasado 6 de septiembre, el Ministerio Público acusó a Gabriel Rub, exministro de Gestión de Riesgos y Contingencias de la Nación, y a otros dos funcionarios de estafa y falta de ejercicio en el cargo por la compra de 2020 de un hospital móvil y COVID-19 por casi seis millones lempiras ($239,000). Solo una tienda de campaña servía como unidad de aislamiento. El 20 de septiembre, el tribunal inferior desestimó provisionalmente el cargo de fraude de Rub y el Ministerio Público apeló la sentencia.
El 17 de marzo, un nuevo juicio concluyó que La ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo había cometido fraude y malversación de fondos públicos. El tribunal la multó con más de 13 millones de lempiras ($518,000) y la condenó a más de 14 años de prisión el 21 de septiembre.
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