La decisión del Supremo de EEUU de no bloquear la ley antiaborto en Texas puede alentar a más estados a impulsar normas similares antes de que la alta corte se pronuncie sobre una demanda que desafía su histórico fallo de 1973, que abrió la puerta a legalización de este procedimiento.
Líderes de estados como Arkansas, Dakota del Sur y Florida han expresado su interés en la normativa. Además, se espera que Carolina del Sur, Kentucky, Luisiana, Oklahoma y Ohio también podrían seguir esa línea.
La norma que entró en vigor en Texas veta el aborto a las 6 semanas de gestación. En ese momento se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas. No contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Uno de sus aspectos más polémicos de la ley antiaborto de texas tiene que ver con el hecho de que permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.
Ello incluye a familiares o, incluso, “al amigo que la lleva al hospital o la clínica”. Así lo advirtió el jueves el presidente estadounidense, Joe Biden, quien lamentó la decisión del Supremo.
La ley, que recibió el aval del gobernador de Texas, Greg Abbott, en mayo pasado, establece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.
Expertos consideran que también se puede estar abriendo la puerta para que los estados permitan a particulares demandar a quienes venden armas de fuego, por ejemplo.
Interés conservador
El gobernador de Florida, el también republicano Ron Santis, aseguró el pasado jueves que tendrá que “mirar más significativamente” la ley antiaborto de Texas.
También el senador estatal de Arkansas Jason Rapert, promotor del primer proyecto de “latido del feto” aprobado en el país, anunció que ordenó que se presente un proyecto que recoja las disposiciones adoptadas en Texas.
“Otros estados claramente van a prestar atención”, señaló Elizabeth Nash, analista del Guttmacher Institute, citada por el diario The Washington Post.
Según esa organización de investigación que apoya el acceso a la salud reproductiva, hasta julio pasado habían sido aprobadas 97 restricciones al aborto en EEUU.
Esa cifra supera el registro de 2011, considerado hasta ahora “el peor año” en materia de decisiones contra la interrupción del embarazo, con 89 restricciones.
El Guttmarcher Institute consideró que la ley de Texas puede “obligar a muchas personas a viajar distancias dramáticamente más largas” para acceder a esa intervención, con el agravante de que para la mayoría de mujeres en edad reproductiva en ese estado su clínica más cercana estaría en territorios vecinos -Luisiana y Oklahoma- que también tienen “políticas hostiles al aborto”.
Supremo conservador
Pero quizás una de las mayores preocupaciones para quienes apoyan el aborto se centra en los meses venideros. El Supremo, de mayoría conservadora, se prepara para escuchar en otoño los argumentos orales de una acción liderada por Misisipi que pide revertir el fallo de ese tribunal en el caso Roe contra Wade.
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EEUU gracias a ese fallo del Supremo. El mismo estableció que una mujer puede acabar con su embarazo durante los primeros 6 meses de gestación.
Un fallo al respecto no se conocería hasta el verano del año entrante, meses antes de las elecciones de medio término en EEUU.
La decisión que permitió que entrara en vigencia la legislación de Texas recibió el aval de 5 magistrados. Entre ellos están Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Cony Barret, nominados por el ahora expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).
Esta vez, el Supremo no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley.
Batalla judicial
Y en la que parece ser una muestra de que la batalla judicial en Texas no ha concluido, la jueza estatal Maya Guerra Gamble concedió el viernes una orden de restricción temporal que impide al grupo Texas Right to Life demandar por ahora a las clínicas que practican abortos en ese estado.
La jueza del tribunal de distrito con sede en Austin respondió a una solicitud que presentó el jueves Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva del país.
Guerra consideró que la norma estatal crea un “daño probable, irreparable e inminente” para esa organización, sus médicos, personal y pacientes.
La decisión se prevé expire el próximo 17 de septiembre y ha mantenido en vigor la reciente restricción a los abortos.
A su vez, las empresas de servicios de transporte Uber y Lyft anunciaron el viernes que están dispuestas a cubrir los honorarios legales de los conductores demandados bajo la nueva legislación en Texas.
