Tegucigalpa – El Ministerio Público ejecuta este martes la Operación Odiseo VIII en el que se presentan requerimientos fiscales y efectúan allanamientos, así como órdenes de captura.
La Fiscalía Especial para la Transparencias y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a Denia Carolina Pinto Guillén, que laboraba en recursos humanos en la Secretaría de Salud y quien supuestamente obtuvo incremento patrimonial sin justificación.
Según el Ministerio Público, este es un nuevo esfuerzo por contrarrestar los flagelos de la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia común, para lo cual se están presentado requerimiento fiscales y ejecutan allanamientos, órdenes de captura e inspecciones en todo el país.
Uno de los casos, refiere a la acusación criminal por el delito de enriquecimiento ilícito interpuesta por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en contra de Denia Carolina Pinto Guillén, ex servidora pública quien fungió en la Secretaría de Salud en el 2002 como analista técnico en recursos humanos, en 2003 como asistente de subgerencia de recursos humanos y hasta 2006 como directora general de contratos.
Con base a las investigaciones se establece que la ahora imputada obtuvo incremento patrimonial sin causa y justificación, notablemente superior a los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente o por cualquier causa lícita, por casi tres millones de lempiras.
Otro caso, en el que trabajaron la Fetccop y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), es el incoado en contra de tres exfuncionarios de la región departamental de Salud número 18 de Yoro, Yoro (periodo 2011).
Los imputados son: la exdirectora, Lourdes Francisca Sandoval; el exadministrador, José Albani Hernández y el exjefe de Almacén, Marvin Raúl Orellana Juárez, así como el representante legal de la empresa Indifer, David Fernando Aguilera Domínguez, quienes se habrían coludido para sobrevalorar en un 99 por ciento compras que esa dependencia realizó por concepto de la adquisición de un lote de motocicletas, siendo encausados por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos.
En San Pedro Sula, se presenta una segunda acusación contra una red que se dedicó a falsificar incapacidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), al menos 20 nuevos implicados son requeridos por la Fetccop.
Además, los fiscales anticorrupción llevan a cabo inspecciones y secuestros de documentos en las secretarías de Educación y Salud, en relación a una serie de denuncias por fraccionamiento de compras, tanto en pupitres como de material médico quirúrgico, al igual que se investigan exacciones ilegales y cobros indebidos en el Centro de Salud de la colonia capitalina Flor de Campo.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), tras ser admitido proceso de antejuicio y presentar el respectivo requerimiento fiscal, impulsa el proceso penal en contra de la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Delmy Elizabeth López Paz, por suponerla responsable de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en el sonado caso Shalom.
En ese caso, ya se logró sentencia condenatoria en contra del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, por tráfico de influencias consumado y la exjueza con jurisdicción nacional, Liz María Ernestina Núñez Cardona, por abuso de autoridad.
De acuerdo con la investigación de FEEFS-SJ y ATIC, la magistrada López Paz, a petición de Teodoro Bonilla, con quien mantenía una cercana relación, manipuló e influyó directamente para que la jueza Núñez Cardona conociera el expediente Shalom y favoreciera con resoluciones al margen de la ley a dos parientes del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, en un proceso penal incoado en enero de 2014 por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) por varios delitos de criminalidad organizada en San Pedro Sula.
En ese entonces, la operadora de justicia se desempañaba como jueza con jurisdicción nacional, siendo objeto de un ascenso posteriormente.
De su lado, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, en seguimiento a las diligencias investigativas por la muerte de 27 buzos misquitos en la embarcación Capitán Wally, ocurrido el 23 de julio de este año, decomisa documentación relevante en la Dirección General de la Marina Mercante.
En el marco de la Operación Odiseo VIII, además, se efectúan acciones frontales en el combate a estructurales criminales de maras y pandillas, siendo la ciudad de La Ceiba uno de los sectores en los que la Unidad de Operaciones Especiales del Ministerio Público, lleva a cabo más de 11 allanamientos simultáneos, a lo que se suman otros 15 de la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico.
Entretanto, en otras regiones como el occidente, norte, Bajo Aguán, Olancho, sur, oriente y centro, se trabaja en labores contra el narcotráfico, delitos contra la vida, bandas dedicadas al robo, extorsión, delitos tributarios, contra la propiedad intelectual e industrial y se ejecutan capturas contra agresores de niños, niñas, adolescentes, mujeres y de otros miembros de grupos vulnerables.
Asimismo, otros aspectos de interés para el Ministerio Público son las jornadas de capacitación, empoderamiento de derechos y toma de denuncias, que se llevarán a cabo por el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) y Módulo de Recepción de Denuncias (MRD).
La operación que se ejecuta en los 18 departamentos del país, tiene al frente en su coordinación a la Dirección General de Fiscalías, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y a la ATIC, instancias que cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional Preventiva, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), Dirección de Vialidad y Transporte, Policía Tigres y autoridades administrativas de diferentes dependencias del Estado.
El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a efecto de denunciar las manifestaciones del delito y propiciar de esta manera una oportuna respuesta de parte de los entes del sistema de justicia penal en beneficio de los intereses de la población en general.
