Tegucigalpa, Honduras. – El Poder Ejecutivo obtendría facultad de realizar diagnóstico integral de actos administrativos, contratos y decisiones emitidas antes de la entrada en vigencia de nueva ley que pudieran haber sido adoptados sin apego a la legalidad o con impacto negativo en las finanzas públicas, casos que deberán ser documentados y remitidos al Tribunal Superior de Cuentas para lo que en derecho corresponda según proyecto que el Congreso Nacional analiza.
La iniciativa faculta simultáneamente al gobierno para realizar conciliaciones y arreglos judiciales o extrajudiciales cuando la continuación de procesos represente un mayor perjuicio económico para el Estado, mecanismo que permitiría negociar embargos de 3,300 millones que paralizan operación gubernamental previa disponibilidad presupuestaria y dictámenes legales que validen procedencia de acuerdos.
Entre los principales alcances, la ley autoriza implementar acciones en materia de ingresos fiscales, racionalización del gasto público, ordenamiento financiero y reestructuración institucional, incluyendo procesos de reducción o reorganización de entidades de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada que actualmente suman 113 instituciones que el ministro Hernández prometió reducir a 78.
El proyecto concede a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) la facultad de realizar movimientos presupuestarios entre gasto corriente y de capital, con el objetivo de mejorar las condiciones financieras del país y garantizar sostenibilidad fiscal, sin afectar el pago del servicio de la deuda, salarios ni la operatividad básica de las instituciones que actualmente enfrentan parálisis por embargos a Caja Única.
La orden de realizar diagnóstico de contratos previos «sin legalidad» cobra relevancia considerando que el procurador Dagoberto Aspra reveló que el Estado enfrentó impacto financiero de 1,900 millones de lempiras en demandas laborales perdidas por despidos irregulares, evidenciando que administraciones anteriores adoptaron decisiones sin respaldo jurídico generando pasivos millonarios mediante sentencias adversas.
La normativa promueve auditorías preventivas, concurrentes y posteriores en coordinación con el TSC, ente contralor que el presidente Asfura prometió empoderar ampliando su cobertura en otros municipios para intervenir con prevención y ayudar a alcaldes a que fondos lleguen a necesitados versus desviarse por corrupción que Transparencia Internacional ubicó a Honduras en posición 157 de 182 países.
La iniciativa se fundamenta en los artículos 245 numeral 20 y 205 numeral 1 de la Constitución de la República así como en la Ley de Responsabilidad Fiscal, estableciendo que su cumplimiento será obligatorio para los poderes del Estado, órganos constitucionales y todas las instituciones públicas sin excepciones que históricamente han facilitado evasión de controles.
La vigencia de la ley será de hasta dos años contados a partir de su publicación en La Gaceta, plazo temporal que sugiere que gobierno busca facultades extraordinarias para sanear finanzas mediante reorganización institucional acelerada que en circunstancias normales requeriría procesos legislativos individuales para cada modificación estructural.
El carácter obligatorio para todos los poderes incluye al Judicial que la presidenta Rebeca Obando advirtió que reformas legislativas tienen «límites constitucionales» cuando afectan independencia, aunque esta ley aplicaría transversalmente incluyendo auditorías de contratos judiciales previos que pudieran haber generado pasivos como el embargo de El Corpus donde acuerdo de conciliación se logró sospechosamente en 10 días.
La facultad de arreglos extrajudiciales permitiría al gobierno negociar con trabajadores que ganaron sentencias laborales, ofreciendo pagos programados versus embargos automáticos a Caja Única que el ministro Hernández señaló paralizan operación estatal al debitar recursos antes de que gobierno los pueda asignar a prioridades como salud, educación y seguridad.
El proyecto está en el Congreso Nacional esperando discusión y eventual aprobación en el pleno legislativo, en contexto marcado por el desorden fiscal, el excesivo gasto y las deudas heredadas de la administración de Libre que dejó deuda flotante de 24,100 millones más 3,400 millones adeudados a constructores sin incluir embargos recientes.
La autorización a SEFIN para mover presupuesto entre gasto corriente y de capital otorga flexibilidad fiscal que permitiría reasignar recursos desde burocracia hacia inversión productiva, aunque también genera riesgo de discrecionalidad en momento donde el diputado Carlos Umaña advirtió que compras directas contempladas en decretos de emergencia son «fuente de corrupción legalizada».
El mandato de documentar y remitir al TSC los actos administrativos previos sin legalidad establece mecanismo de rendición de cuentas retrospectiva donde gobierno actual podría auditar decisiones de administración Castro que generaron pasivos millonarios, aunque también expone al propio gobierno de Asfura a escrutinio futuro si adopta decisiones cuestionables durante dos años de vigencia de facultades extraordinarias.
La designada presidencial María Antonieta Mejía había señalado que se identificaron 8,000 personas en planillas que «solo cobraban salario» sin trabajar, irregularidad que diagnóstico integral de actos previos debería documentar formalmente estableciendo responsabilidades de funcionarios que autorizaron nombramientos fantasma que drenaron recursos públicos durante años sin generar valor administrativo.
El debate sobre el manejo de las finanzas públicas y el rumbo económico del país está en el tapete considerando que Moody’s advirtió que morosidad bancaria subió a 2.6% mientras algunos bancos sistémicos operan con capital limitado, contexto donde saneamiento fiscal mediante reorganización institucional y auditorías preventivas se vuelve urgente para recuperar confianza de mercados y organismos multilaterales.
