Tegucigalpa – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), tras evacuar el juicio de privación de dominio de los bienes incautados al exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado, está a la espera del fallo del Juzgado de Privación de Dominio.
El Tribunal señaló para el 21 de noviembre de 2023, como fecha para dar a conocer el fallo, del que la Fescco espera el comiso definitivo de los bienes.
«Los activos que se ubicaron y de los cuales es titular de derecho el congresista (periodo 2014-2018) son: una casa de habitación en residencial Palmeras de San Ignacio en Tegucigalpa, vehículos y productos financieros», dice el comunicado del Ministerio Público.
Los bienes del exdiputado se aseguraron desde el año 2018, en una operación que además de la Fescco coordinó también la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Este caso de extinción de dominio lo sustentó la Fiscalía en la investigación realizada por la DLCN en virtud de la detención de: Magdaleno Meza Fúnez conocido también como Nery Orlando López Sanabria (fallecido).
También de Erika Julissa Bandy García, Maximiliano Echeverría García, José Santos Mejía Laínez y Daniel Alberto Ticas Santos, todos detenidos el 6 de junio de 2018 en la carretera de Vida Nueva, Cofradía, Cortés.
A ellos se les incautaron 193 mil 220 dólares (unos 4.7 millones de lempiras) que iban ocultos en un compartimiento dentro del vehículo en el cual se conducían.
Además, en la documentación que se decomisó se encontraron indicios de vinculación con Juan Antonio Hernández Alvarado, por tal razón «se le requirió como investigado y se le tomó declaración», dice la Fiscalía.
Meses más tarde, a Hernández lo detuvieron el 26 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos por conspirar para traficar cocaína a ese país.
Ante esos hechos, la Fiscalía con fundamento en el artículo 33 de la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, solicitó y posteriormente fue ordenada la medida de aseguramiento sobre bienes.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con fecha 31 de julio de 2023, indicó que «todos los derechos, títulos e intereses del demandado en los activos sustitutos se confiscan a los Estados Unidos, para su disposición de conformidad con la ley».
