Tegucigalpa – El nuevo director del Sistema Nacional de Protección, Rodolfo Zamora, aseguró que el 85 por ciento del presupuesto de ese ente se destina para mantener vehículos blindados en los que se transportan algunos funcionarios que están bajo la protección del mecanismo.
“Debido a que han sido proveídos con vehículos blindados cuyo mantenimiento es caro, incluso el combustible que utilizan, porque es muy pesado. A ello hay que añadir escoltas de seguridad, sabemos que todo eso representa costos altísimos”, refirió el funcionario.
Su nombramiento, efectuado por la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, deriva de constantes denuncias que ponen en entredicho la eficiencia del Sistema Nacional de Protección.
El pasado 29 de mayo, en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en Atlántida, fue hallado muerto el líder garífuna Martín Morales, según informó Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
Morales estaba protegido bajo el Sistema Nacional de Protección y, aun así, fue asesinado. Su crimen despertó indignación, incluso, en la embajada de Estados Unidos en Honduras.
“Creemos que debe haber una revisión en cuanto a dichas medidas de seguridad, para optimizarlas”, admitió.
Asimismo, pidió al Congreso Nacional que interpele a los más altos funcionarios de la operación de justicia, es decir, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público, para comprobar su correcto funcionamiento.
“El Congreso tiene la obligación de interpelar funcionarios, para comprobar la conducta administrativa de ellos, y esa es la pretensión que tenemos, porque necesitamos echar a andar la protección de los derechos humanos y la seguridad”, indicó Zamora.
Consideró que es imperativa la necesidad de fortalecer el recurso humano con que actúa el Sistema Nacional de Protección.
El Sistema Nacional de Protección se creó a raíz de la aprobación de la Ley de Protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en 2015.
Sin embargo, son varios los cuestionamientos debido a que se considera que el sistema no cuenta con métodos y protocolos para proteger a las personas que están bajo su amparo.
