Tegucigalpa – El abogado defensor del estadounidense Gilbert Reyes, Juan Báez, informó a los medios de comunicación que su cliente teme por su vida en Honduras. «Recibe amenazas constantes de que lo están esperando para matarlo, no para juzgarlo», declaró Báez, destacando el temor de Reyes a ser asesinado.
Gilbert Reyes, acusado de asesinar a tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía, vive bajo una sombra de miedo y ansiedad. Según su abogado, las amenazas que recibe indican un peligro inminente para su vida, desvinculadas de un proceso judicial justo.
Actualmente, Reyes está detenido en la República Dominicana, donde fue aprehendido por las autoridades locales en respuesta a una orden de Interpol. Se espera una resolución sobre su posible extradición a Honduras.
Las mujeres asesinadas han sido identificadas como Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, quienes fueron halladas muertas a principios de enero tras ser reportadas como desaparecidas. Reyes tenía una relación sentimental con Dione Beatriz Solórzano y abandonó Honduras cuando se conoció la desaparición de las mujeres.
Juan Báez ha expresado su preocupación por la seguridad de su cliente, insistiendo en la importancia de los derechos humanos y la protección de Reyes en caso de ser extraditado. Sin embargo, el proceso en la República Dominicana se centrará exclusivamente en la extradición y en salvaguardar la vida de Reyes, sin profundizar en los detalles del crimen.
“El señor Reyes se declara inocente y asegura que huyó del país por miedo a ser asesinado”, comentó Báez en un programa televisivo.
Hasta ahora, no ha habido comunicación con la embajada de Honduras en la República Dominicana, aunque se espera que se establezca contacto en algún momento del proceso. Báez describió a su cliente como emocionalmente abatido y profundamente preocupado debido a las amenazas continuas.
Este caso resalta las serias preocupaciones sobre la seguridad de los detenidos en Honduras y subraya la necesidad de garantizar juicios justos y la protección de los derechos humanos para todas las personas implicadas en el sistema judicial.
