Tegucigalpa – El atentado contra el defensor del medio ambiente en Honduras, José Ramiro Lara, ha desencadenado una oleada de condenas y llamados a la acción por parte de organizaciones locales, centroamericanas e internacionales. El incidente ocurrió el 15 de septiembre de 2023, cuando cuatro individuos desconocidos dispararon contra la casa de Lara en la colonia Mejía García de Santa Rosa de Copán.
Ramiro Lara ha recibido apoyo y medidas de seguridad tras el atentado, y actualmente está considerando la posibilidad de cambiar de ciudad o incluso de país debido a las amenazas que enfrenta. La Policía Nacional está brindando protección a su residencia actual.
El Mecanismo de Protección ha estado trabajando para legalizar las medidas de seguridad y evaluar la opción de trasladar a Lara a otro lugar. Sin embargo, a pesar de las medidas de seguridad, Lara siente que su vida ya no es la misma y vive bajo la constante preocupación por su seguridad.
Organizaciones nacionales, centroamericanas e internacionales han instado al Estado de Honduras a tomar medidas para proteger la vida de Lara y llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el atentado. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha expresado su exigencia de una investigación profunda para identificar y llevar a los responsables ante la justicia.
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) ha calificado el atentado como una afrenta a la libertad de expresión y ha instado a una investigación inmediata y exhaustiva. La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) ha pedido garantizar la protección de José Ramiro Lara Zavala y de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos también ha condenado el ataque y ha pedido una investigación para evitar la impunidad. La organización alemana Inkota se ha solidarizado con Ramiro Lara y ha expresado su repudio al atentado.
El Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), que promueve políticas estadounidenses en derechos humanos y justicia social en América Latina, ha condenado el ataque y ha instado a llevar a los perpetradores ante la justicia.
La Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR), que representa a cinco Mesas Nacionales de Gestión de Riesgo en Centroamérica, también se ha unido a las condenas y ha pedido una investigación completa del atentado. Todas estas organizaciones están unidas en su firme compromiso de proteger a los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras y de garantizar que los crímenes no queden impunes.
