Tegucigalpa, Honduras. — Una reforma que podría cambiar la forma en que Honduras enfrenta al crimen organizado avanza en el Congreso, pero no bajo los reflectores del debate público. Según confirmó el abogado Hermes Ramírez, experto en materia penal, la discusión y votación final del paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal podría realizarse a puerta cerrada, un mecanismo que busca proteger a los diputados pero que reaviva preguntas sobre transparencia institucional.
Las modificaciones, impulsadas por el Poder Ejecutivo con el argumento de fortalecer la lucha contra maras y pandillas, ya superaron el segundo debate esta semana. La aprobación definitiva podría producirse la próxima semana, en un tercer y último debate que, de acuerdo con voces cercanas al proceso, se desarrollaría en privado por la complejidad y sensibilidad del tema.
Ramírez explicó que ha sugerido a los diputados que la discusión final se realice en privado, alegando razones de seguridad. «No los 128 diputados cuentan con condiciones de seguridad, ni todos manejan temas de derecho penal o seguridad nacional. Muchos de ellos viven en departamentos que han estado complicados en el tema de seguridad y temen por sus vidas, me lo han exteriorizado», aseguró el jurisconsulto.
La dimensión de la reforma justifica, a su juicio, un tratamiento especial. Por primera vez, se buscaría catalogar a maras y pandillas como asociaciones terroristas, una medida que alinearía a Honduras con políticas similares adoptadas en El Salvador y respaldadas por esquemas de seguridad del marco regional de protección de Estados Unidos. «Es una decisión histórica», calificó Ramírez.
Sin embargo, la posibilidad de que una reforma de alto impacto se discuta sin escrutinio público revive un debate recurrente. Organizaciones civiles y analistas han cuestionado en el pasado la aprobación de leyes sin debate abierto, señalando riesgos para la institucionalidad democrática.
El propio Ramírez recordó que no sería la primera vez que se adopta este mecanismo: «Ya ocurrió en 2011 y 2012, cuando se tomaron decisiones similares a puerta cerrada. Si el Estado busca una política efectiva, también debe garantizar la seguridad de los diputados y sus familias», sostuvo.
En cuanto al contenido, las reformas originalmente contemplaban cambios a 11 artículos —siete del Código Penal y cuatro del Código Procesal Penal—, pero tras la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sólo ocho serían finalmente modificados.
El Supremo consideró improcedentes tres artículos por posibles conflictos con estándares internacionales de derechos humanos. Aunque la opinión del Poder Judicial no es vinculante y solamente ilustrativa, sí es un requisito constitucional previo cuando se trata de reformas a códigos de la República, conforme al artículo 219 de la Carta Magna.
Mientras el Legislativo se prepara para el debate final, la tensión entre eficacia en seguridad y garantías democráticas queda planteada. La pregunta que acompaña el proceso es si es posible endurecer la respuesta penal contra el crimen organizado sin sacrificar los principios de publicidad y participación que sostienen un sistema penal justo. La respuesta, en los próximos días, dependerá de cómo los diputados decidan equilibrar ambos frentes.
