Tegucigalpa – El diputado Ramón Barrios planteó una alternativa estratégica ante los desafíos para implementar las reformas constitucionales exigidas por las Naciones Unidas en relación con la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
En su análisis, Barrios destacó que si el Congreso Nacional enfrenta dificultades para llevar a cabo estas reformas, se podría recurrir al mecanismo del querellante adhesivo como una vía para fortalecer la lucha contra la corrupción.
Barrios reconoció la complejidad de las demandas de las Naciones Unidas, señalando que el 85% de estas demandas requieren cambios legislativos que solo el Congreso Nacional puede realizar.
Este proceso implica reformar leyes existentes y derogar otras para dar paso a las disposiciones necesarias para la creación y funcionamiento efectivo de la CICIH.
La discusión surgió luego de comentarios del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, sobre los obstáculos planteados por las exigencias de las Naciones Unidas para la implementación de la CICIH.
Una de las principales áreas de reforma constitucional identificadas por Barrios es la atribución exclusiva que actualmente tiene el Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones y presentar casos de corrupción ante los tribunales.
Según las exigencias de las Naciones Unidas, la CICIH debería tener la capacidad de realizar investigaciones y llevar los casos ante los tribunales de manera independiente.
Para abordar este desafío, Barrios propuso el mecanismo del querellante adhesivo, sugerido inicialmente por el exfiscal general Edmundo Orellana.
Esta modalidad permitiría a la CICIH acompañar al Ministerio Público en los procesos judiciales relacionados con la corrupción, fortaleciendo así la capacidad del sistema legal para combatir este flagelo.
Barrios enfatizó que la implementación del querellante adhesivo no requeriría una modificación constitucional, sino simplemente la aprobación de una ley con un respaldo de 65 votos en el Congreso Nacional.
Esta alternativa, según Barrios, sería más ágil y fortalecería la institucionalidad del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
Es importante destacar que actualmente, el Ministerio Público está bajo el control del partido Libre, que logró colocar a Johel Zelaya como fiscal general interino y posteriormente, con negociaciones con otras fuerzas políticas, aseguró su elección plena con los 86 votos necesarios.
