Tegucigalpa – La falta de consecuencias a nivel interno del Congreso Nacional ha generado controversia en torno a los diputados Rasel Tomé y Edgardo Casaña, quienes tienen una sentencia firme por el delito de abuso de autoridad.
A pesar de las acusaciones y el veredicto en su contra, no se ha tomado ninguna medida disciplinaria en su contra, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la integridad del sistema político.
El diputado Manuel Rodríguez, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), ha defendido a Tomé y Casaña, afirmando que los delitos por los que fueron sentenciados son de «poca monta» y que se trata de una estrategia política en su contra.
Rodríguez sugiere que ambos diputados cuentan con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro y el presidente del Congreso, lo que les permite evitar consecuencias a pesar de la sentencia en su contra.
Si bien Rodríguez reconoce que, desde el punto de vista de la moralidad, los diputados deberían acatar la norma jurídica, argumenta que la situación es principalmente política.
Según él, someterlos a procesos judiciales sería simplemente una condena moral, ya que incluso en el caso de una conmutación de pena, solo tendrían que pagar una suma simbólica de 20 lempiras diarios.
En una entrevista en el programa En el Radar de Radio América, el diputado Manuel Rodríguez reafirmó su posición al destacar que los delitos por los cuales fueron condenados Rasel Tomé y Edgardo Casaña son de poca relevancia.
Aunque Tomé fue encontrado culpable de abuso de autoridad, no se le ha inhabilitado para ejercer su cargo como diputado. La misma situación aplica a Edgardo Casaña, quien fue condenado junto a otros exmiembros de la junta directiva del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) por el mismo delito.
No obstante, algunos juristas han expresado que, de acuerdo con el análisis legal, ambos parlamentarios deberían ser inhabilitados como legisladores debido a su sentencia firme por abuso de autoridad.
Este debate ha puesto de manifiesto la importancia de la integridad y la responsabilidad en la función pública, así como la necesidad de garantizar que los legisladores cumplan con los estándares éticos y legales establecidos.
