Tegucigalpa – Lo que comenzó como una «oportunidad de inversión» con rendimientos semanales del 5% ha terminado como suelen concluir estas historias: con miles de hondureños desesperados bloqueando calles y suplicando por la devolución de sus ahorros. Sin embargo, el caso Koriun Inversiones trasciende la narrativa simplista de estafadores astutos y víctimas ingenuas, revelando un complejo entramado de negligencia institucional y posibles complicidades en las altas esferas del país.
Durante meses, quizás años, una empresa sin licencia bancaria captó recursos por montos que podrían superar los 2,000 millones de lempiras según su administrador Iván Velásquez, o apenas 69 millones según el Ministerio Público, disparidad que por sí misma debería encender todas las alarmas. ¿Cómo una operación de tal magnitud pudo funcionar sin despertar la intervención temprana de los entes reguladores? La pregunta queda flotando en el aire, mientras los afectados continúan sin respuestas concretas.
«Aquí hay gente grande, hay algún poderoso. Esos negocios no se hacen en Honduras si no se cuenta con poder económico y político», sentencia Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), apuntando hacia una realidad incómoda que pocos se atreven a mencionar públicamente: la operación de Koriun posiblemente contó con protección desde círculos influyentes.
Los hechos recientes parecen darle la razón. Cuando la Policía Nacional encontró 50,000 dólares escondidos en la guantera y bajo las alfombras del vehículo del administrador de Koriun, el dinero fue decomisado pero su portador salió libre. Ninguna detención, ninguna consecuencia inmediata, a pesar de que el hallazgo se produjo en medio de una crisis que afecta a miles de familias. La escena resulta, cuando menos, desconcertante.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, reconoce públicamente la ausencia total de registros contables y documentación que permita identificar a los aportantes y sus inversiones, situación que complica enormemente cualquier intento de restitución ordenada de los fondos. «No hay libros contables, no hay registros, no hay orden, porque ese dinero está disperso por otros lados según el camino que han tomado que refleja la investigación», declaró Sierra, dibujando un escenario que difícilmente puede interpretarse como simple desorganización.
Los expertos financieros califican a Koriun como un clásico esquema Ponzi: un modelo financiero insostenible donde los rendimientos prometidos a los primeros inversores se pagan con el dinero de los nuevos participantes. La matemática es implacable: tales esquemas están condenados al colapso cuando el flujo de nuevos aportantes se detiene. Lo extraordinario no es que Koriun haya caído, sino que se le permitiera crecer tanto y por tanto tiempo.
Para contextualizarlo adecuadamente, conviene recordar las declaraciones de Sierra sobre un punto crítico: «En 2021 cuando se aprobó el Código Penal se eliminaron delitos financieros». Esta modificación legislativa, aparentemente técnica, creó un vacío legal que pudo haber facilitado la proliferación de operaciones como Koriun. ¿Casualidad o diseño deliberado? La historiografía financiera hondureña tendrá que responder esta interrogante.
Las promesas gubernamentales de devolución de fondos suenan huecas ante la evidencia de una operación que funcionaba completamente al margen del sistema financiero regulado. Mientras tanto, las manifestaciones continúan y los bloqueos de vías reflejan la desesperación de quienes confiaron sus ahorros, incluso liquidaciones laborales y patrimonios familiares completos, a una entidad que ofrecía rendimientos imposibles en el contexto de una economía formal.
El caso Koriun no es simplemente una estafa más. Es el síntoma de un sistema donde la supervisión financiera falla sistemáticamente, donde las señales de alarma son ignoradas hasta que es demasiado tarde, y donde la justicia funciona selectivamente. Mientras las investigaciones avanzan con parsimonia, queda pendiente responder la pregunta más incómoda: ¿quiénes realmente se beneficiaron y quiénes protegieron esta operación durante todo este tiempo?
La respuesta podría sacudir los cimientos de un país donde, como señaló Hernández, «esos negocios no se hacen si no se cuenta con poder económico y político». El verdadero escándalo de Koriun quizás no sea lo que ya sabemos, sino lo que aún está por revelarse.
