Los llamados al Congreso de Estados Unidos para que apruebe un camino a la ciudadanía para más de medio millón de amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se multiplicaron este jueves después de que un juez federal dictaminó que el beneficio migratorio es ilegal.
De costa a costa, defensores de los inmigrantes y los mismos beneficiados alzaron sus voces tras la decisión del juez Andrew Hanen, que ayer falló por segunda vez en favor de una demanda que pide el fin del programa al considerar que el Gobierno del hoy expresidente Barack Obama (2009-2017) violó la ley al establecer DACA en 2012.
El magistrado se había puesto de parte de los demandantes liderados por Texas en junio de 2021, pero se vio obligado a dar una nueva decisión a la luz de una normativa que emitió el Gobierno del presidente Joe Biden en agosto de 2022 para remediar la infracción.
Hanen determinó el miércoles que el recurso sigue violando la ley, lo que desencadenó una nueva ola de reacciones de los defensores de los inmigrantes. En Washington DC, miembros de varias organizaciones encabezadas por United We Dream realizaron este jueves una marcha frente al Congreso.
“Necesitamos algo permanente. DACA siempre ha sido algo temporal. No podemos seguir dejando en manos de los jueces este tema”, dijo Jennifer Romero Espinosa, de la organización CASA, en una conferencia de prensa al terminar la manifestación.
En Texas, Karina Hernández, de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), se unió al llamado y dijo que es hora de que el Congreso “actúe”.
También hizo un llamado a la Casa Blanca para que cumpla sus promesas de ayudar a los beneficiarios de DACA, personas que llegaron al país de forma irregular siendo niños y a las que el programa protege de la deportación. “Queremos una resolución, no más promesas vacías. No podemos seguir viviendo de esperanzas”, señaló en un comunicado.
En su fallo del miércoles el mismo Hanen escribió que la solución para los soñadores, como se conoce a los amparados por DACA, “recae en la rama legislativa y no en la ejecutiva o la judicial”.
Es algo de lo que son conscientes congresistas como Sylvia García, integrante demócrata de la Cámara de Representantes, quien encabezó un grupo bipartidista que presentó en junio la propuesta de ley “American Dream and Promise Act”, que tiene como objetivo otorgar la residencia permanente a unos 580.000 beneficiarios actuales de DACA.
García, quien representa a Texas en la Cámara, y la también congresista demócrata Delia Ramírez hablaron hoy con inmigrantes y activistas para escuchar sus peticiones. “Por favor, mantengan el espíritu, la fe y la esperanza. Vamos a seguir luchando”, dijo García, y agregó que ya ha conseguido el apoyo de 200 legisladores para aprobar su proyecto en la Cámara, dominada por los republicanos.
Por su parte Ramírez, que representa a Illinois y está casada con un inmigrante amparado por DACA, advirtió que no se puede dejar el futuro de los soñadores en manos de la justicia y apuntó su dedo al Tribunal Supremo, de corte conservador.
Con todo, el Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que asumió la defensa de DACA en el juicio, ha señalado que apelará la decisión de Hanen. “Desde el principio era claro que serían las altas cortes, incluyendo el Tribunal Supremo, quienes deberán decidir sobre la legalidad del programa”, señaló Thomas A. Sáenz, presidente de MALDEF, en una declaración escrita a EFE.
Aunque DACA ya logró pasar una prueba en 2020 cuando el Tribunal Supremo falló en contra de la orden de poner fin al programa emitida por el entonces presidente Donald Trump, el cambio en la composición del máximo tribunal preocupa a los activistas.
No obstante, defensores y soñadores coincidieron en que no abandonarán la defensa del programa. Arelí Hernández, beneficiaria de DACA e integrante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), resaltó que la lucha de los soñadores “no es nueva ni reciente”.
“Como yo, más de medio millón de personas que son titulares de DACA hemos desarrollado raíces profundas en este país. No seremos desarraigados por caprichos políticos”, aseguró.
Las organizaciones también hicieron un llamado a los soñadores para que renueven el amparo, ya que el fallo de Hanen no puso fin al programa y permite que los beneficiarios continúen protegidos de la deportación mientras continúa el litigio. EFE
