Tegucigalpa – El gobierno emite un comunicado sobre el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y su directora, Gabriela Castellanos. En el texto, se advierte que el CNA estaría representando intereses de un sector reaccionario de Estados Unidos con la intención de desestabilizar Honduras.
La Subsecretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Carmen Haydee López, destaca que el CNA es una organización de naturaleza público-privada, creada a través de un decreto legislativo y financiada en un 50 % por el Estado para llevar a cabo tareas de prevención y combate a la corrupción.
Enfatiza que la máxima autoridad del CNA es la asamblea general, integrada por diversas entidades como el Arzobispado de Tegucigalpa, Confraternidad Evangélica de Honduras, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo de Rectores de las Universidades, Confederaciones de Trabajadores, asociaciones de campesinos, Federación de Colegios Profesionales Universitarios, Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo, Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), la Asociación Nacional de Municipios de Honduras (Amhon), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), la Asociación de Medios de Comunicación y dos miembros del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se revela que el CNA recibe financiamiento de 23 millones de lempiras del Tesoro Nacional y fondos de la donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se especifica que durante este año, USAID ha aportado más de 20 millones de lempiras al CNA.
En el comunicado, la SGJD acusa al CNA de ser cómplice al guardar silencio ante presuntos casos de corrupción, como cien contratos de energía, contratos de asociaciones público-privadas, el aeropuerto de Palmerola, la Empresa de Energía Honduras (EEH), las ZEDEs, Hospitales Móviles, caso Hermes y otros.
Es importante destacar que este comunicado ha generado polémica y abre un debate sobre el papel y la actuación del CNA en la lucha contra la corrupción en Honduras.
