Brasil. – Desde que el actual gobierno de Brasil asumió sus funciones no se aprobado ningún nuevo proyecto de esta fuente de financiación, que sirve para el combate de la deforestación, conservación y uso sustentable de la selva amazónica.
La disyuntiva entre explotación de los recursos amazónicos y los intereses de preservación ambiental de la mayor selva tropical del mundo se han convertido en una piedra del zapato del actual gobierno brasileño, en un momento crítico para la selva amazónica que está siendo devastada por más de 30 mil focos de incendios diferentes detectados solo en el pasado mes de agosto, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
Diversos líderes europeos cuestionaron las contribuciones brasileñas a la lucha contra el cambio climático durante la cumbre del G20 que tuvo lugar en junio, momento en el que el gobierno de Brasil sopesaba la alteración en la estructura del Fondo Amazonia, la principal fuente de financiación del combate a la deforestación, conservación y uso sustentable de la selva amazónica.
El ministro de medio ambiente brasileño, Ricardo Salles, apuntó supuestas irregularidades en algunos proyectos del Fondo y, además, propuso que una parte de los recursos se destinasen a indemnizar a los productores que ocupaban tierras de Unidades de Conservación Ambiental. Una opción impensable para Noruega y Alemania, responsables del 99 por ciento de la recaudación de los fondos.
Salles afirmó que este dinero se destinaría a “los casos en los que hubiese necesidad de regulación agraria (de propiedad) para disminuir el conflicto entre la conservación y los que viven allí dentro”.
Raúl Valle, director de políticas públicas de WWF Brasil, alertó de que las indemnizaciones propuestas podrían tener un efecto contraproducente con el medio ambiente. “No existe estrategia de combate a la deforestación publicada por este gobierno. […] Existe mucha invasión de tierra pública en unidad de conservación en la Amazonia y, si se usan mal esos recursos, podría beneficiar específicamente a quien invade tierras públicas y generar una apertura para la deforestación”, declaró Valle.
“Nosotros que trabajamos con cuestiones indígenas desde hace muchos años, hemos visto el desarrollo de una industria de indemnizaciones fraudulentas para personas que ni siquiera habían ocupado nunca esas tierras”, explica Ivar Busatto, coordinador general de la organización Operación Amazonia Nativa (OPAN).
“Ningún país del mundo va a querer ofrecer recursos para que se paguen esas indemnizaciones. El apoyo que viene de fuera debe promover que los órganos públicos y el resto de frentes estén bien estructurados para dar respuestas de protección de los territorios y de las poblaciones locales en un clima favorable que satisfaga todos los intereses de la región”, añade.
Rechazo de Noruega y Alemania
Noruega y Alemania se opusieron a los cambios de estructura y solicitaron una acción conjunta para fortalecer la preservación de la Amazonia. No obstante, el ministerio de Medio Ambiente de Brasil ratificó a principios de julio la extinción del Comité Orientador del Fondo Amazonia (Cofa), constituido por representantes del gobierno central, gobiernos estatales y organizaciones sociales. En la misma medida también se eliminaron otros órganos relacionados con la administración pública y con quien Bolsonaro ya venía mostrando una falta de simpatía desde abril.
Si bien el objetivo de Salles era crear un nuevo Cofa con menor participación de la sociedad civil y más protagonismo del gobierno central, el supuesto Comité alternativo podría no ver nunca la luz puesto que la reacción de los países financiadores ha sido bloquear sus contribuciones económicas, lo que desembocaría en la extinción del Fondo si Brasil no resuelve la crisis diplomática sobre cuestiones ambientales con estos países.
Desde que el actual gobierno de Brasil asumió sus funciones no se aprobado ningún nuevo proyecto de esta fuente de financiación, que sirve para el combate de la deforestación, conservación y uso sustentable de la selva amazónica.
La disyuntiva entre explotación de los recursos amazónicos y los intereses de preservación ambiental de la mayor selva tropical del mundo se han convertido en una piedra del zapato del actual gobierno brasileño, en un momento crítico para la selva amazónica que está siendo devastada por más de 30 mil focos de incendios diferentes detectados solo en el pasado mes de agosto, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
Diversos líderes europeos cuestionaron las contribuciones brasileñas a la lucha contra el cambio climático durante la cumbre del G-20 que tuvo lugar en junio, momento en el que el Gobierno de Brasil sopesaba la alteración en la estructura del Fondo Amazonia, la principal fuente de financiación del combate a la deforestación, conservación y uso sustentable de la selva amazónica.
“Los gobiernos solos no consiguen reducir la deforestación”, relataba la misiva que Noruega y Alemania enviaron como respuesta.
El 10 de agosto, el gobierno de Angela Merkel anunció que congelaba su próximo aporte de 35 millones de euros (unos 155 millones de reales) para financiar actividades de protección ambiental, aunque afirmó no estar cerrada a negociar con el Gobierno brasileño para encontrar una solución viable sobre la manutención del Fondo Amazonia.
Bolsonaro afirmó que su país no necesitaba ese dinero y sugirió que Alemania lo emplease para recuperar sus propios bosques.
Poco después, el 15 de agosto, el ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Ola Elvestuen, anunció que su país suspendía los 30 millones de euros (133 millones de reales) previstos para el Fondo Amazonia.
“Hubo un aumento significativo (de la deforestación) en julio (de este año) en relación con el mismo periodo del año pasado. Hay motivos para la preocupación.
Lo que Brasil está haciendo muestra que el país no pretende continuar conteniendo la deforestación”, afirmo en ese momento Elvestuen.
“Utilice ese dinero para ayudar a Angela Merkel a reforestar Alemania”, afirmó en reacción Bolsonaro.
Noruega ha donado cerca de 655 millones de euros (3.000 millones de reales) en los últimos diez años.
El Fondo Amazonia, principal fuente de financiación para proyectos de protección socio-ambiental y de lucha contra la deforestación, pende de un hilo. Desde que el actual Gobierno de Brasil asumió sus funciones a principios de año ningún nuevo proyecto del Fondo Amazonia ha sido aprobado.
El Fondo Amazonia
Creado en 2008, este Fondo consiguió recaudar 754 millones de euros (3.400 millones de reales) que fueron administrados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
“Estos recursos financiaron proyectos que generaron más autonomía de sustento para las comunidades locales, una cierta pacificación de la lucha histórica por los territorios, reducir el hambre, la mortalidad infantil, las enfermedades y permitieron la instalación de redes de comunicación vía radios internas, entre otros beneficios”, declara Busatto, que explica que dos proyectos de la OPAN pudieron financiarse con recursos del Fondo Amazonia.
Busatto reconoce que, aunque el Fondo Amazonia se extinguiese, la OPAN continuaría ya que existen otras financiaciones alternativas, no obstante “perderíamos un gran frente de acción conjunta para preservar la Amazonia”, añade.
Un proyecto del ICV recibe financiación del Fondo Amazonia, de entre el amplio abanico de acciones de esta ONG que actúa en el sur de la Amazonia brasileña. Consiste en el fortalecimiento de cadenas socio-productivas sustentables de las que viven las 650 familias implicadas en la propuesta y repartidas en seis municipios del estado de Mato Grosso.
“El Fondo Amazonia es una fuente de financiación como otras que podemos buscar, pero lo más triste es que muchos agricultores familiares ahora viven gracias a este proyecto y eso tendrá un fuerte impacto a corto plazo”, explica Farias, y añade que su objetivo ahora es buscar nuevos recursos nacionales o internacionales con la mayor brevedad posible para evitar que se produzca una discontinuidad en el trabajo de los pequeños productores.
Farias subraya que la falta de financiaciones extranjeras para proteger la Amazonia provocará un impacto generalizado.
“Vivimos un momento amenazador en el que necesitamos más apoyo que nunca para desarrollar una agenda positiva de protección de la Amazonia”, añadió.
