Tegucigalpa, Honduras. – No fue una marcha cualquiera. Entre consignas y banderas, los trabajadores del agua llevaron un mensaje muy concreto a las autoridades: si van a haber despidos, que se hagan como Dios manda. El Sindicato del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y Similares (Sitrasanaays) aprovechó las movilizaciones del 1 de mayo para dejar clara una ecuación que, dicen, las autoridades deberían tener grabada en la pared de sus oficinas.
Víctor Ortiz, dirigente sindical, fue directo al grano. Cualquier proceso de despido, advirtió, debe realizarse conforme a la ley. Y explicó por qué: “Si no quieren más demandas, que paguen el 100 % de las prestaciones. Si pagan menos, el trabajador va a demandar y el Estado terminará pagando más”. Dicho de otro modo: lo barato, a la larga, sale carísimo.
Ortiz no habla al aire. Detrás de su advertencia hay números que asustan. Actualmente, según afirmó, las demandas laborales acumuladas superan los 11 mil millones de lempiras. De esa cifra, solo se han pagado alrededor de 4 mil millones. El resto sigue en proceso, y mientras tanto, el tiempo juega en contra del Estado.
“Si esa demanda dura 5 o 10 años —insistió el sindicalista—, tienen que pagarle todos los salarios caídos”. Una cuenta que, como él mismo señala, termina devorando gran parte del presupuesto estatal.
Para entender la magnitud del problema, Ortiz invitó a mirar hacia atrás. En los últimos 10 años, recordó, se registraron despidos masivos sin el debido pago de prestaciones a más de 1,300 trabajadores. La radiografía es brutal: “Habían más de 2,000 empleados, ahora solo hay 680”. Un recorte de personal que, a su juicio, se hizo mal y cuyas consecuencias aún se están pagando.
Ahora, ante la llegada de una nueva junta interventora, el sindicato no quiere esperar a que la historia se repita. Ya han solicitado un espacio de diálogo. Quieren sentarse, conocer los objetivos de las autoridades y, sobre todo, presentar sus propias propuestas.
Ortiz concluyó con una invitación que suena más a advertencia disfrazada de esperanza: que las nuevas autoridades prioricen el diálogo, que eviten repetir errores del pasado. Porque, en el fondo, lo que está sobre la mesa no es solo un ajuste administrativo. Es la posibilidad de llegar, por fin, a consensos que no terminen engrosando esa factura de 11 mil millones que el Estado, quiera o no, algún día tendrá que pagar.
