Las proyecciones del Gobierno de un déficit fiscal del 5,3% del PIB para 2024 plantea un panorama muy ajustado para cumplir con la regla fiscal.
Por El País
Colombia presenta un cuadro macroeconómico delicado. Las altas proyecciones oficiales para 2024, de déficit fiscal de 5,3% y de una deuda externa del 57% sobre el Producto Interno Bruto, mantienen bajo estado de tensión a los responsables de Hacienda. El camino se anuncia pedregoso. Tras la pandemia, el país arrastra deudas, y suma a ello un recaudo de impuestos ligeramente menor al objetivo que tenía para 2023 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para completar el panorama, las estimaciones de crecimiento anual, que han sido catalogadas de residuales, rondan el 1,5% en promedio.
El proceso de acomodarse tras el vendaval económico heredado de la crisis sanitaria no termina y los daños colaterales aún son visibles. La DIAN recaudó el año pasado una cifra récord por 278,9 billones de pesos. Pero el incremento interanual del 13% no alcanzó para llegar a la meta proyectada de 290,1 billones. La oposición y los analistas no tardaron en levantar la ceja y abrir la caja de preguntas en torno a las limitaciones del Gobierno para cumplir con la regla fiscal, un mecanismo para mantener la disciplina y el equilibrio entre los gastos, las deudas y la capacidad de pago de Hacienda.
Mauricio Salazar, doctor en Economía y docente de la Universidad Javeriana, subraya que a pesar de que el recaudo del año pasado fue histórico, habría que desgranar las cifras para entender por qué resulta insuficiente: “El portafolio del año pasado tenía dos fuentes. Una de declaraciones de renta de naturales y jurídicas. Esas ya estaban pactadas desde finales de 2022. La parte que tuvo variaciones tuvo que ver sobre todo con el IVA. Ese segmento, debido a la desaceleración de la actividad económica, fue menor”.
Las cuentas en todo caso no encajan. Durante una rueda de prensa celebrada el jueves para presentar el Plan Financiero de 2024, el responsable de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que este año se prevé un recaudo por impuestos de 315 billones de pesos. Pero advirtió que si la economía sigue estancada, y el recaudo aumenta en paralelo al ritmo de la inflación, habrá un déficit de 15 billones de pesos.
Una cifra equivalente al dinero que se esperaba recoger a través de laudos arbitrales y que el Comité de la Regla Fiscal ya ha advertido que no podrá sumarse a las cuentas por tratarse de recursos “no estructurales”. A saber: que no serían válidos en la labor de cumplir con el equilibrio fiscal. “Por fin el Gobierno se está empezando a sincerar”, apunta el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, Oliver Pardo: “Ya no espera 15 billones por arbitraje y litigios, sino 10 que aún no deberían ser contabilizados. Si uno los quita, comienza a incumplirse la regla fiscal, con todo y ese espacio adicional que le dio el ciclo económico, el ciclo petrolero y las transacciones de única vez”.
Para Marc Hofstetter, catedrático de economía en la Universidad de los Andes, no hay duda de que el 2024 se presenta como un año “tremendamente retador en el frente fiscal”: “Presentar un déficit proyectado, con algunos supuestos muy optimistas, del 5% del PIB, un punto y medio más alto que el del año pasado, es un dato muy preocupante”. Y Pardo agrega: “Dadas las circunstancias, es necesario que el Gobierno considere unos recortes de gasto para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que los mercados internacionales no castiguen la deuda con severidad”.
Por lo pronto, el Estado colombiano no tiene a la mano una receta para sostener su nivel de gasto. Los ingresos tributarios no dan a basto y las altas tasas de interés no hacen sino opacar el horizonte. Por ejemplo, este 2024, según el Plan Financiero presentado, el 25% de los ingresos tributarios se irán al pago de los intereses de la deuda: “Si como sociedad no damos la discusión sobre si ese nivel de deuda es demasiado alto, y yo creo que lo es, nos estaremos quejando año a año sobre la porción tan elevada de intereses que debemos pagar como porcentaje de los ingresos del Gobierno”, reflexiona Hofstetter.
Otro tema de fondo, que preocupa en especial a las calificadoras de riesgo, son las reducidas proyecciones de crecimiento. Durante 2021 y 2022 el país cargó a sus espaldas niveles de deuda notables, pero los mercados y acreedores respiraban con cierto alivio al constatar que el PIB anual crecía a ritmos del 10,6% y 7,5%, respectivamente. El ministro Bonilla aseguró que los cálculos para este año sitúan el aumento en 1,5%. Un pronóstico que desembocó hace un par de semanas en la decisión de la agencia estadounidense S&P de rebajar la perspectiva crediticia del país de “estable a negativa”.
Un punto y medio porcentual de crecimiento que resulta insuficiente para reanimar la inversión e impulsar las tasas de empleo, coinciden los expertos. Para el economista Oliver Pardo se debe clarificar que la regla fiscal no es un manual que fija un porcentaje del PIB como indicador de referencia, sino más bien instrumento técnico que estipula los factores y la forma de ajustar los límites dependiendo de la coyuntura: “Lo que indica es, bajo ciertas circunstancias económicas o ciertos temas contables de transacciones únicas, cómo se ajusta la regla. Hoy, por ejemplo, la regla fiscal permite un poco más de déficit primario, de diferencia entre ingresos y gastos de intereses”.
Técnicamente, continúa Pardo, Colombia está cumpliendo. Y, sin embargo, el incremento en las proyecciones de déficit total para 2024 sí constituye una alarma evidente para los inversionistas. La situación, abunda el experto, no es insostenible, pero comporta riesgos a futuro: “Somos más vulnerables ante la llegada de otro tipo de evento nacional o internacional de gravedad, como otra pandemia, una guerra o una crisis financiera global que nos podría poner en una trayectoria insostenible para el pago de la deuda pública”.
