Por: El PaísEspaña lleva varios años batiendo récords de gasto farmacéutico (más de 28.000 millones de euros en 2023) al tiempo que debe afrontar problemas periódicos de desabastecimiento de algunos fármacos. Abaratar los precios para reducir el gasto público; mejorar la prescripción y asegurar el acceso a medicinas estratégicas en situaciones de emergencia —una de las vulnerabilidades que destapó la pandemia— son los objetivos del anteproyecto de ley del medicamento, aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Desde hace 10 años no se abordaba legislativamente un ámbito cuya regulación inicial se remonta a 1990, por lo que caben pocas dudas sobre la necesidad de una revisión.
Uno de los puntos clave de la ley es el nuevo sistema para fijar el precio de venta de las medicinas después de que expire una patente. Impulsar el mercado de los genéricos —que en España se sitúa en torno a un 40%, un 16% menos que la media europea— resulta básico para la contención del gasto. Desde ahora, las farmacéuticas tendrán que hacer cada semestre ofertas ciegas. Sanidad escogerá la mejor, bajo ciertos requisitos de producción y abastecimiento, y determinará la horquilla de precios en la que se financiarán los fármacos. La patronal Farmaindustria y varias asociaciones de laboratorios ya han criticado que, a su parecer, este sistema puede poner en riesgo tanto el abastecimiento como el tejido industrial. Consideran que el nuevo diseño generará una tendencia a minimizar los precios —lo que podría fomentar la competencia desleal de las compañías asiáticas y hacer inviables algunas líneas de producción— y pondrá difícil planificar su producción.
Resulta ocioso resaltar el papel nuclear del sector farmacéutico en la salud de los ciudadanos, fin último que tiene que hacerse compatible con el legítimo interés de las empresas por ver compensadas sus investigaciones e inversiones. Especialmente en un momento en el que la guerra comercial declarada por Trump introduce un plus de incertidumbre. El texto, que se tramitará por vía de urgencia en el Congreso, tiene por delante un camino en el que ambas partes podrán acercar posturas. Hay que reclamar que este debate no se use, como ocurrió con la Agencia de Salud Pública, para dirimir rencillas ajenas al tema.
Otras medidas del anteproyecto son bienvenidas por cuanto reducen los trámites burocráticos. Así, enfermeras y fisioterapeutas ven ampliada la posibilidad de prescribir fármacos dentro de sus competencias, y los médicos podrán dejar una receta fija para que los pacientes crónicos la usen a demanda sin pasar consulta. En cambio, se ha quedado en el tintero la reforma del sistema de copago para hacerlo más progresivo. En un mercado ultrarregulado, la nueva norma pretende dar más flexibilidad a los precios, a la prescripción y a la dispensación y paliar los problemas de suministro. Es tarea de todos los implicados trabajar para perfeccionar un pilar clave del Estado de bienestar.
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