Bernardo Arévalo de León solicitó el desafuero de Consuelo Porras y del juez Fredy Orellana, así como de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, quienes emprendieron una cruzada contra los resultados de las elecciones.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, pidió quitar la inmunidad a la fiscal general y a un juez por supuestas ilegalidades al allanar y abrir cajas donde se resguardan las papeletas de votación de las elecciones generales del 25 de junio.
Las solicitudes para levantar los fueros a la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana fueron presentadas la noche del martes en la sede Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital guatemalteca, según el recurso legal.
Además, Arévalo presentó una denuncia penal contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que emprendió una cruzada contra los resultados electorales.
El ex diputado resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto, tras dar la sorpresa en junio pues no figuraba como favorito en una veintena de candidatos.
Arévalo la noche del martes exigió la renuncia de los cuatro funcionarios por orquestar un supuesto plan de golpe de Estado y anunció que presentaría las querellas.
El allanamiento se realizó en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicado en la capital.
La denuncia precisa que buscan retirarles la inmunidad para que sean investigados por la posible comisión de seis delitos, entre ellos violación a la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y prevaricato.
El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA.
Por su parte, Arévalo afirmó el martes que suspendió momentáneamente el proceso de transición con el actual Gobierno, de Alejandro Giammattei, tras las acciones del Ministerio Público (Fiscalía) contra los comicios.
El presidente electo indicó en rueda de prensa que la decisión obedece “ante la situación provocada” por el Ministerio Público, “en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias”.
“Le hemos informado al presidente, Alejandro Giammattei, que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición”, señaló el académico de 64 años.
Arévalo de León añadió que ve “una contradicción” ya que hay “instituciones del Estado guatemalteco” que llevan a cabo “un golpe de Estado” en su contra, pese a que han sido “certificados” como los ganadores de los comicios.
Giammattei y Arévalo de León se reunieron el lunes por segunda ocasión por el proceso de transición, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, como testigo.
Sin embargo, este martes la Fiscalía, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, allanó el Tribunal Supremo Electoral y abrió cajas con votos, pese a la negativa de la entidad electoral estatal.
Es por ello que Arévalo de León exigió la dimisión inmediata a Porras y sus funcionarios Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, además del juez penal Fredy Orellana, que avaló el allanamiento.
“Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional del país”, advirtió Arévalo de León. De acuerdo al mandatario electo, detrás de Porras hay “grupos y élites mafiosas”.
La persecución de la Fiscalía en contra de Arévalo de León y su partido, el Movimiento Semilla, empezó tres semanas después de que el académico avanzara de manera sorpresiva al balotaje, cuando las encuestas lo colocaban en un séptimo lugar.
“Insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedad y a que de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales “, concluyó Arévalo de León.
El próximo 14 de enero, Arévalo de León debe asumir la Presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028, el primero de un Gobierno socialdemócrata en la historia de la nación centroamericana.
