Tegucigalpa, Honduras.— En sus últimos días como canciller, Enrique Reina no solo gestionó un pasaporte diplomático para sí mismo, sino que extendió el beneficio a un grupo selecto de funcionarios mediante un reglamento que, según críticos, convierte privilegios temporales en derechos vitalicios.
La medida, aprobada el 6 de mayo de 2025 y publicada el 14 de junio del mismo año en el diario oficial La Gaceta, establece que expresidentes de los poderes del Estado, excancilleres, exvicecancilleres o exsubsecretarios de Relaciones Exteriores y sus cónyuges podrán portar pasaporte diplomático de manera vitalicia.
El documento, investigado por el programa de debates 30/30 que dirige el periodista Edgardo Melgar, detalla que los pasaportes diplomáticos y oficiales tendrán una vigencia de uno o cinco años, debiendo solicitarse uno nuevo seis meses antes del vencimiento en caso de permanecer en el cargo.
Sin embargo, la categoría vitalicia representa una excepción que beneficia a quienes ya han dejado de ejercer funciones públicas, un punto que genera controversia jurídica y política.
La abogada Ruth Lafosse, entrevistada en el noticiero 30/30, fue contundente al señalar que lo aprobado por Reina es un reglamento que «ni siquiera llega a una ley secundaria», por lo que puede ser derogado por la actual canciller, Mireya Agüero.
Para Lafosse, esta medida representa «una oficialización del abuso del poder, porque es como si nosotros no tuviéramos una democracia, sino que tuviéramos un reinado donde le doy un título nobiliario, que hasta que se muera vas a tener este privilegio».
La crítica se profundiza al recordar que los pasaportes diplomáticos están diseñados específicamente para quienes ejercen una función pública, no para quienes ya han concluido su gestión.
«Es una vergüenza, es inaudito, es vergonzoso», reflexionó Lafosse, quien además advirtió que lo actuado por el excanciller atenta contra el artículo 60 de la Constitución, que establece la igualdad de todos ante la ley.
El contexto político de la medida no pasa desapercibido: el reglamento se aprobó apenas 23 días antes de que Reina dejara el cargo de canciller para dedicarse a la política, al integrar como designado presidencial la fórmula de Rixi Moncada.
Esta proximidad temporal entre la aprobación del beneficio y la salida del funcionario ha alimentado las preguntas sobre la oportunidad y el propósito de la norma.
Esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional dio un paso para revertir parte de este escenario: solicitó a los exfuncionarios y exservidores públicos portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales realizar la devolución de dichos documentos a la Unidad de Pasaportes a más tardar el 31 de marzo de 2026.
No obstante, la disposición exceptúa expresamente a los ciudadanos con pasaporte diplomático vitalicio, conforme a la ley, lo que mantiene vigente el privilegio para el grupo beneficiado por el reglamento de 2025.
Mientras la discusión jurídica y política continúa, el caso pone sobre la mesa un debate de fondo: ¿deben los privilegios asociados al ejercicio de cargos públicos extenderse más allá del periodo de gestión? Para quienes critican la medida, la respuesta es clara: la igualdad ante la ley no admite excepciones basadas en el rango o la cercanía al poder.
