San Salvador, El Salvador. — Con 59 votos a favor —incluyendo dos de la oposición—, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que abre la puerta a la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Nayib Bukele y su partido, Nuevas Ideas (NI).
La modificación al artículo 27 de la Constitución, que antes prohibía las penas perpetuas, ahora establece que estas solo se aplicarán a los delitos más graves, en un cambio que aún requiere ratificación en una próxima sesión plenaria.
La reforma, que pasó directamente a la Comisión Política para su estudio, fue aprobada sin análisis ni debate previo, un patrón que se ha repetido en otras iniciativas recientes del oficialismo. Según la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, el objetivo es claro: «Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles».
El respaldo a la medida incluyó, por primera vez, a diputados del partido opositor Arena, que históricamente se había mostrado reacio a este tipo de cambios. Horas antes de la votación, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, justificó la reforma argumentando que «el país que anhelamos requiere que en nuestra sociedad no existan homicidas ni violadores«, y pidió eliminar la prohibición constitucional a la prisión perpetua.
La aprobación de esta reforma se da en un contexto marcado por el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, bajo el cual más de 91,300 personas han sido encarceladas por presuntos vínculos con pandillas, y al menos 500 detenidos han muerto bajo custodia del Estado, según registros de organizaciones de derechos humanos. El gobierno de Bukele ha defendido estas medidas como necesarias para combatir la violencia que por años posicionó a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo.
Sin embargo, la reforma no termina aquí. La Asamblea Legislativa aún debe ajustar el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Contra Actos de Terrorismo, entre otras normas secundarias, para alinearlas con el nuevo texto constitucional.
Esto se facilita gracias a otra polémica enmienda aprobada en enero de 2025, que permite cambios exprés a la Constitución en una sola legislatura, reduciendo de dos a una el número de votaciones requeridas y bajando el umbral a 45 de 60 diputados para aprobar reformas.
Con este mecanismo, el oficialismo ya ha impulsado cambios como la reelección presidencial indefinida, consolidando un modelo que, según críticos, concentra el poder y debilita los contrapesos democráticos. Mientras tanto, el gobierno insiste en que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad en un país que, según cifras oficiales, ha reducido drásticamente sus índices de criminalidad. La pregunta que queda en el aire es: ¿a qué costo?
