San Salvador. – El embajador de EE.UU. en El Salvador, Ronald Johnson, pidió al Ejecutivo respetar el Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador puso freno al presidente Bukele.
Un día después que el presidente salvadoreño Nayib Bukele llevó al Ejército al Congreso y provocó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, el diplomático de Estados Unidos expresó su desaprobación de ocupar militarmente el Congreso.
«No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa. Ayer me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y a la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un diálogo pacífico para avanzar», expresó Johnson en Twitter.
Ayer, Bukele justificó el uso de incitación de violencia al periódico español El País: «Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo». Agregó: «Según las encuestas, el 90% del pueblo nos apoya. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía…». En 2019, Bukele no pudo postularse con su partido Nuevas Ideas.
Llegó a la presidencia con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que solamente cuenta con 10 diputados en la Asamblea Legislativa.
La mayoría absoluta del Parlamento salvadoreño está en manos de los opositores ARENA y FMLN, juntos suman 60 de 84 escaños. Bukele necesita la mayoría absoluta en el Congreso para financiar su tercera fase del plan de seguridad. En 2021, habrá elecciones de municipios y diputados y Bukele aspira que su partido tenga la mayoría en el Congreso.
El freno de la Corte Suprema de Justicia
Por la tarde de este lunes, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al presidente Bukele de abstenerse a usar la fuerza armada en actividades contrarias a fines constitucionales establecidos.
La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por dos ciudadanos ante la irrupción de Bukele con el Ejército en la Asamblea Legislativa.
La Corte ordenó al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados.
La Corte exigió al Consejo de Ministros el cese de efectos de convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria para aprobar un préstamo.
El domingo, Bukele llegó al Palacio Legislativo para encabezar la sesión extraordinaria que él pidió. Sin embargo, sólo estaban 22 de 84 diputados. Bukele pide la aprobación del Congreso de un préstamo por 109 millones de dólares para impulsar la tercera fase del plan de seguridad ‘Control territorial’. El mandatario financiaría la compra de dos helicópteros y un buque por 46.9 millones de dólares, más la instalación de un sistema de videovigilancia por 25.9 millones de dólares.
Por su parte, Johnson insistió en Twitter: «El futuro de El Salvador depende de que el país continúe por un camino democrático, que requiere un compromiso con el diálogo pacífico y el consenso. Este es el camino que apoyamos».
Rechazo al rompimiento del orden constitucional
Fusades insistió este lunes que se ha puesto «en riesgo el Estado de derecho, la certidumbre jurídica y la democracia constitucional de la República».
La Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social rechazó «la insurrección popular que el mismo presidente de la República promovió». También alertó sobre la restricción a la prensa que trabajó alrededor del Palacio Legislativo. Fusades invitó a la reflexión: «A los líderes de todos los partidos políticos para generar la confianza necesaria en el sistema democrático y el orden constitucional que el país ha venido construyendo desde 1983».
Ayer, Bukele le dio al Congreso siete días para que aprueben la negociación de su préstamo. «Si estos sinvergüenzas no aprueban el plan de control territorial los volveremos a convocar el día domingo. Estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Una semana les vamos a dar», dijo Bukele a sus seguidores en una tarima improvisada a las afueras del Parlamento.
El editorial de hoy de la Universidad Centroamericana alertó sobre esta crisis institucional. «El Gobierno ha conseguido un descenso notable de los homicidios en un breve lapso de tiempo. Y en ese marco podría entenderse su molestia ante la lentitud y las dificultades para aprobar un préstamo dedicado a continuar la tarea de reducir la violencia. Pero una cosa es la molestia y otra la amenaza de dinamitar la institucionalidad democrática. Alentar desde el Ejecutivo el derecho a la insurrección es temerario y sumamente riesgoso», dijo una de las principales universidades de El Salvador.
«La insurrección, que siempre implica formas de violencia, solo puede darse en situaciones muy especiales, y únicamente como mal menor. La Constitución reconoce ese derecho, pero nadie en su sano juicio quisiera una insurrección que recuerde a la guerra civil y que lleve a la constitución de un régimen autoritario.
La superficialidad con la que el presidente aborda el tema puede ocasionar que otros comiencen a hablar de insurrección contra el ejercicio de cualquier otro poder del Estado.
La violencia comienza siempre por las palabras. Y el Ejecutivo está para limitar la violencia, no para promoverla», agregó. Apuntó la necesidad de un diálogo sereno y racional de respeto a la institucionalidad.
