Tegucigalpa – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes una nueva ofensiva en su «guerra» contra las pandillas, imponiendo un cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas.
En esta medida sin precedentes, 7.000 soldados y 1.000 policías fueron desplegados para establecer un cerco de seguridad en todo el departamento. El objetivo principal es evitar la salida de pandilleros de la región y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas.
A lo largo del año pasado, Bukele ha implementado cercos militares en ciudades y municipios como parte de su estrategia para desarticular las temidas pandillas que han tenido un control significativo en el territorio nacional.
Sin embargo, esta es la primera vez que se implementa esta medida en un departamento completo, debido a que Cabañas se ha convertido en el epicentro de la actividad de células terroristas vinculadas con pandillas.
Cabañas, con una población de aproximadamente 150.000 habitantes, es uno de los departamentos más pequeños de El Salvador, conocido por su actividad agrícola, especialmente en cultivos de café, caña de azúcar y pequeñas explotaciones ganaderas.
La ciudad de Sensuntepeque, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de San Salvador, es la cabecera de este departamento.
Esta ofensiva responde a una escalada preocupante de 87 homicidios durante un fin de semana, lo que llevó al presidente salvadoreño a declarar su «guerra» contra las pandillas en marzo de 2022, bajo un régimen de excepción aprobado por el Congreso.
Sin embargo, esta medida ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos debido a la elevada cantidad de detenciones de presuntos pandilleros, que hasta la fecha han sumado casi 72.000 arrestos.
El anuncio del cerco militar y policial en Cabañas plantea importantes interrogantes sobre su efectividad y el equilibrio necesario entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
Aunque el objetivo es contener la actividad de las pandillas, este tipo de medidas conlleva la responsabilidad de asegurar que los derechos de los ciudadanos no se vean afectados durante la implementación de la estrategia. La situación en Cabañas sigue siendo de alto interés y preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
DW / Diario El Mundo
