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El Salvador rompe acuerdo con la OEA que daba vida a comisión contra la corrupción

San Salvador. – El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció en las últimas horas que su gobierno romperá el acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) que da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

“Hemos decidido que como Presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-Cicies porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, dijo Bukele en una conferencia de prensa.

El presidente de El Salvador acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de promover la impunidad en el país con el nombramiento como asesor de Ernesto Muyshondt, un exalcalde que afronta dos procesos penales. “El secretario general le otorga impunidad o intenta otorgarle impunidad a un criminal salvadoreño, él (Almagro) sabía de esto”, señaló el presidente en una rueda de prensa.

El mandatario, quien criticó a Almagro, aseveró que “ya no se puede confiar en la OEA” porque, a su juicio, está “promoviendo una agenda política” y había un “otorgamiento de impunidad a un criminal”, en referencia a Muyshondt.

El jueves Almagro anunció en Twitter que Muyshondt, exalcalde de San Salvador (2018-2021), se unía como “asesor a la Secretaría General”.

Tras esa designación, Bukele anunció que decidió romper el convenio con la OEA que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (Cicies) en El Salvador.

“La OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad” en país, sostuvo Bukele, quien consideró que “falló” al escoger a la OEA para liderar esa comisión, que se instaló en septiembre de 2019 a pedido del gobierno salvadoreño para dar asistencia técnica a la fiscalía.

Luego de las declaraciones de Bukele, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, anunció que da por terminado el convenio con la OEA.

Muyshondt enfrenta un proceso penal desde febrero de 2020. La Fiscalía General lo acusa de reunirse con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales de 2014 para negociar, presuntamente mediante el pago de dinero, el voto de esos grupos delictivos en los comicios. El exalcalde siempre negó haber negociado con grupos criminales.

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