San Pedro Sula – El gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), José Antonio Morales, brindó detalles sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias 911 en la ciudad de San Pedro Sula, destacando la existencia de aproximadamente 700 cámaras de vigilancia en la zona.
Sin embargo, aclaró que no son 2,000 cámaras como se había mencionado anteriormente y que se realiza una revisión constante de los cables de fibra óptica para garantizar su operatividad.
Según Morales, el sistema de monitoreo ya está montado y todas las cámaras se encuentran disponibles y grabando. Sin embargo, en días recientes se reportó que las cámaras del sistema 911 estaban inoperativas debido a una «actualización en el software».
Esta situación ha generado críticas por parte de algunos sectores, ya que consideran que la falta de vigilancia facilita la impunidad en los casos de crímenes y dificulta las investigaciones policiales.
Se ha señalado que existen problemas en el cumplimiento del contrato firmado por la administración anterior entre el actual Gobierno y el operador privado del sistema, lo que ha llevado a que las cámaras estén inoperativas o funcionen de manera limitada.
Ante esta situación, el Gobierno ha tomado medidas para solucionar el problema, como la creación de la Comisión Interventora del Servicio de Emergencia 911, encargada de restablecer el funcionamiento del sistema y realizar contrataciones directas para la adquisición de equipos y servicios necesarios.
El Sistema Nacional de Emergencias 911 no solo brinda atención a emergencias, sino que también opera el dispositivo de videovigilancia en las principales ciudades del país.
Estas cámaras de seguridad desempeñan un papel fundamental en el trabajo científico de las diferentes direcciones de la Policía Nacional, proporcionando información visual que contribuye a las investigaciones criminales.
Si bien se han logrado avances en la implementación del Sistema Nacional de Emergencias 911 en San Pedro Sula, es importante abordar los desafíos y garantizar su pleno funcionamiento para fortalecer la seguridad y reducir la impunidad en la región.
La cooperación entre el Gobierno, el operador privado y otras instituciones relevantes será fundamental para superar obstáculos y maximizar el potencial de este sistema de videovigilancia.
