Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha presentado un informe al Ministerio Público que revela indicios de responsabilidad penal por irregularidades en la aplicación de condonaciones y amnistías a usuarios del servicio de energía eléctrica por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la documentación, el perjuicio al Estado asciende a la alarmante cifra de L1,836,841,524.62.
El informe especial P-01-2023-DPC-DCSD-ENEE, derivado de una investigación especial a raíz de la denuncia 0801-2022-27, detalla las irregularidades detectadas por el TSC.
La mala gestión de fondos públicos de la ENEE, específicamente en la aplicación irregular de amnistías y condonaciones en virtud de los decretos legislativos 129-2017, 51-2018 y 26-2019, ha sido objeto de señalamientos y análisis por parte del ente contralor del Estado.
Las acciones irregulares se habrían llevado a cabo en un período comprendido entre el 2 de mayo de 2018 y el 25 de julio de 2019. La investigación realizada por la Dirección de Participación Ciudadana del TSC tenía como objetivo determinar el alcance de los decretos mencionados, verificar su cumplimiento y determinar si existió un perjuicio económico para el Estado.
Los resultados de la investigación del TSC arrojaron indicios de responsabilidad penal, lo que llevó a la entrega del informe al Ministerio Público para que tome las medidas correspondientes.
De acuerdo con la base de datos obtenida por el TSC, se estima que el Estado dejó de percibir un total de L1,836,841,524.62 debido a las condonaciones y amnistías aplicadas.
De esa suma, se estima que L1,192,417,770.35 corresponde a la condonación de capital, recargos, multas e intereses, mientras que L644,423,754.26 corresponde a la amnistía otorgada a saldos a pagar sin recargos, multas e intereses.
Estos hallazgos revelan una grave afectación a las finanzas del Estado y la necesidad de tomar medidas legales para responsabilizar a los involucrados en estas acciones irregulares.
El informe del TSC representa un paso importante en el camino hacia la transparencia y el combate a la corrupción en Honduras, y se espera que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva y tome las acciones legales necesarias para garantizar la rendición de cuentas y la recuperación de los fondos públicos desviados.
