La Asamblea de Gobernadores del viernes debería garantizar un proceso de selección transparente y justo para designar a un responsable capaz de restablecer la confianza y la transparencia del Banco.
Por El País
El 17 de noviembre, la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) elegirá un nuevo presidente para los próximos cinco años, en un momento crítico para la institución y para el futuro de Centroamérica.
El BCIE es un una institución financiera multilateral de desarrollo y una de las principales fuentes de financiamiento en Centroamérica. En 2022, el Banco, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo social y económico de la región, aprobó operaciones para proyectos por más de 3.000 millones de dólares, en su mayoría destinados al sector público.
Sin embargo, en ocasiones, el Banco parece haberse apartado de sus objetivos. El BCIE ha proporcionado fondos sin una supervisión adecuada y ha aprobado préstamos que pueden haber contribuido a violaciones de derechos humanos. Además, desde que Dante Mossi fue elegido presidente en 2018, el Banco ha debilitado sus controles institucionales, incluyendo mediante la destitución de su auditor interno, y ha aumentado el financiamiento a gobiernos autoritarios como los de Nicaragua y El Salvador.
El BCIE tiene 23 préstamos activos para financiar al gobierno de Nicaragua, por un total de más de 3.500 millones de dólares, aproximadamente el 28% del total de la cartera de préstamos del Banco. Desde abril de 2018, cuando la brutal represión del Gobierno nicaragüense contra los manifestantes desató una profunda crisis de derechos humanos, política y social que sigue agravándose, el BCIE ha aprobado proyectos por más de 2.600 millones de dólares para el régimen de Ortega. A pesar de la gravedad de la crisis, el Banco no parece haber tomado medidas adecuadas y suficientes para mitigar el riesgo de un uso indebido de los fondos o la violación de sus políticas.
Por ejemplo, el Banco aprobó fondos para la “ampliación de la Policía Nacional de Nicaragua”, y solo canceló el financiamiento en marzo de 2020, casi dos años después de que se evidenciara que la Policía Nacional estaba involucrada en graves violaciones de derechos humanos.
En noviembre de 2020, el Fondo Verde para el Clima (FVC) de Naciones Unidas aprobó la propuesta de financiamiento presentada por el BCIE para el proyecto Bio-CLIMA, que busca reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bosawás y la biosfera del Río San Juan, ubicados en territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. El presupuesto total para Bio-CLIMA es de 116 millones de dólares, de los cuales 64 millones proceden del Fondo Verde para el Clima y más de 44 millones del BCIE, que también es la entidad acreditada para llevar adelante el proyecto.
En julio de 2023, la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima suspendió temporalmente el primer desembolso para el proyecto señalando que en algunas instancias el BCIE no había “cumplido con las políticas y procedimientos” del Fondo Verde. La decisión surge de una investigación iniciada por el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde, tras recibir una queja por parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes alegando que el proyecto había sido aprobado sin garantizar sus derechos a una consulta libre, previa e informada.
En el caso de El Salvador, el Banco cuenta con 14 operaciones activas, con fondos aprobados por un total de más de 1.600 millones de dólares. Entre ellos, se incluyen préstamos a entidades gubernamentales implicadas en violaciones de derechos humanos durante la llamada “guerra contra las pandillas” impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, tales como la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General y el sistema penitenciario. En un informe publicado junto con la organización de derechos humanos Cristosal, Human Rights Watch documentó que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura en el marco de esta política de seguridad.
En Honduras, en 2012, el BCIE aprobó 24 millones de dólares para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque, al noroeste del país. El préstamo proporcionó fondos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que, según una auditoría interna del BCIE, no tenía “experiencia en proyectos de generación de energía”.
El proyecto Agua Zarca también se vio afectado por otros graves problemas de derechos humanos que deberían haber alertado a las autoridades del Banco. Organizaciones indígenas y defensoras del medio ambiente, en particular el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), dirigido por la prominente líder indígena y activista de los derechos del medio ambiente Berta Cáceres, se opusieron a la construcción de la represa, alegando la falta de una consulta adecuada con las comunidades.
Los miembros de COPINH enfrentaron acoso e intimidación constante debido a su activismo. Trágicamente, Cáceres fue asesinada en marzo de 2016. Un tribunal condenó a David Castillo, exdirector de Desarrollos Energéticos, como coautor de su asesinato y sostuvo que Cáceres fue asesinada por su oposición a la construcción de la represa. Castillo, quien era funcionario público en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras en el momento en que Desarrollos Energéticos obtuvo la concesión, también ha sido investigado por su presunta connivencia con funcionarios hondureños para obtener un permiso para la represa sin contar con estudios ambientales adecuados y completos.
Centroamérica se enfrenta a graves desafíos en materia de derechos humanos que afectan a la población y empujan a muchos a buscar seguridad y protección en el extranjero, en especial en Estados Unidos. Estos desafíos incluyen altos niveles de criminalidad y violencia, graves retrocesos democráticos en especial en El Salvador y Guatemala, y la represión sistemática del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. La corrupción, la pobreza y la desigualdad, los ataques gubernamentales contra la prensa y la sociedad civil, así como los efectos del cambio climático agravan estos problemas.
En este contexto, el BCIE puede y debe desempeñar un papel fundamental para ayudar a la región a superar algunos de estos desafíos y contribuir al disfrute de los derechos sociales y económicos de la población.
La Asamblea de Gobernadores debería garantizar un proceso de selección transparente y justo para designar a un presidente o presidenta capaz de restablecer la confianza y la transparencia del Banco y fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas. Ello permitiría asegurar que el Banco cumpla de manera efectiva su papel como impulsor del desarrollo de Centroamérica, una tarea que puede ser crucial para el futuro de los derechos humanos en la región.
