Tegucigalpa – El proceso electoral de 2025 en Honduras se perfila como el más costoso registrado hasta ahora, según declaraciones del comisionado Emilio Hércules, de la Unidad de Política Limpia.
En un análisis del impacto financiero de las elecciones, se detalló que la propaganda electoral para los comicios primarios, programados para el 9 de marzo, comenzará 50 días antes, y los costos de las campañas han sido ajustados según la creciente carga electoral del país.
En el ámbito presidencial, la carga electoral actual abarca más de 5.8 millones de votantes. Esto ha llevado a que el límite de gasto para un precandidato presidencial se establezca en 505 millones de lempiras, conforme a la normativa vigente.
Hércules destacó que este límite se calcula tomando en cuenta la cantidad de electores y los costos relacionados, lo que refleja un notable incremento en comparación con procesos anteriores, como el de 2021.
Límites por región y cargos
El gasto permitido para candidatos a diputados varía significativamente según la carga electoral de cada departamento.
Por ejemplo, en Atlántida, donde hay 287,000 votantes, el gasto máximo se estima en 3.1 millones de lempiras, considerando el valor del voto, la cantidad de votantes y las casillas disponibles.
En contraste, en el municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán, que cuenta con apenas 3,300 votantes, el límite de gasto se reduce a 280,000 lempiras.
Advertencias sobre sanciones
Hércules recordó a los candidatos la importancia de respetar los límites de gasto establecidos.
«No deben ignorar estas normativas», subrayó, destacando que las sanciones para quienes incumplan van desde multas de 5 a 15 salarios mínimos hasta penalidades más severas que podrían alcanzar los mil salarios mínimos, equivalentes a un millón de lempiras.
Estas medidas buscan garantizar la transparencia y equidad en el desarrollo de los procesos electorales. Con el inicio de la propaganda electoral a la vuelta de la esquina, las autoridades hacen un llamado a los actores políticos a apegarse estrictamente a la ley, evitando sobrepasar los límites financieros establecidos.
Las elecciones de 2025 no solo marcarán un récord en costos, sino también en el desafío de implementar una supervisión eficaz para asegurar el cumplimiento de las normativas.
