Ciudad de Guatemala. – Guatemala suspenderá, a partir de este 1 de octubre y durante tres meses, el impuesto a los combustibles, con el objetivo de abaratar su costo tras el alza registrada a nivel mundial por los conflictos geopolíticos. La medida fue aprobada por el Gobierno luego de las protestas y bloqueos registrados a comienzos de mes, con los que distintos sectores exigían un freno al incremento de los precios.
La «Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles», vigente hasta el 31 de diciembre próximo, fue sancionada este miércoles por el presidente Bernardo Arévalo de León y publicada en el Diario Oficial del país, que es importador neto de combustibles.
La normativa elimina el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tanto para la importación como para la comercialización de las gasolinas regular y superior, el diésel y el gas licuado de petróleo. Según el Gobierno, esta exención se traducirá en rebajas estimadas de 1.23 dólares por galón en la gasolina superior, 1.19 dólares en la regular y 83 centavos en el diésel.
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, actualmente el galón de diésel se vende a unos 6.60 dólares, el de gasolina superior a 6.06 dólares y el de la regular en 5.79 dólares.
Por la suspensión temporal de estos impuestos, el fisco guatemalteco dejará de percibir unos 3,318 millones de quetzales (434.8 millones de dólares) durante el último trimestre del año, según los análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Finanzas Públicas.
Los datos del Ministerio de Energía y Minas indican que entre enero y agosto de 2026, el país desembolsó 3,632.3 millones de dólares en la importación de los cuatro carburantes, lo que representa 1,089.3 millones de dólares más —un 42.8% de incremento— en comparación con los 2,543.0 millones de dólares pagados en el mismo período de 2025.
El encarecimiento de los hidrocarburos derivó, a inicios de septiembre, en jornadas de protestas y bloqueos intermitentes en carreteras clave hacia los puertos de ambos litorales y las fronteras del país. Las movilizaciones, que se disolvieron el 11 de septiembre tras diez días de paralizaciones, causaron pérdidas estimadas por el sector empresarial de 150 millones de dólares diarios en comercio exterior y unos 13 millones de dólares en recaudación fiscal.
