Tegucigalpa – Una grave crisis económica amenaza la estabilidad laboral de los empleados del Poder Judicial hondureño, según denunció Kevin Castro, presidente de la Asociación de empleados del Poder Judicial, quien advirtió que existe el riesgo de que no se puedan pagar los salarios del mes de junio.
La alarmante situación fue revelada durante una reunión que congregó a todas las asociaciones y autoridades del Poder Judicial, donde se expuso la precaria situación financiera que atraviesa la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Castro explicó que el origen del problema radica en la deuda que mantiene la Secretaría de Finanzas (Sefin) con el Poder Judicial, la cual asciende a más de 1,400 millones de lempiras. Esta significativa deuda ha paralizado las finanzas de la institución judicial y compromete seriamente su funcionamiento operativo.
La falta de estos recursos no solo pone en peligro el pago de la nómina de junio, sino que también impide hacer efectivo el aumento salarial correspondiente al año 2025 que ya había sido programado para los empleados del sistema judicial.
El dirigente sindical expresó su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores, quienes tienen compromisos económicos que cumplir y dependen de sus salarios para su subsistencia familiar. «Los trabajadores tienen compromisos económicos por lo que deben responder», reflexionó Castro.
Paralelamente a esta crisis, las distintas asociaciones del Poder Judicial han solicitado un incremento salarial del 15% sobre sus actuales remuneraciones, aunque reconocen que será necesario emprender un proceso de negociación para lograr este objetivo.
La situación evidencia las tensiones presupuestarias que enfrenta el Estado hondureño y plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones públicas para cumplir con sus obligaciones laborales más básicas, especialmente en un sector tan crucial como el sistema de justicia.
