Tegucigalpa – Una nueva controversia sobre el uso de recursos estatales en actividades proselitistas marcó la gran marcha del Partido Libertad y Refundación (Libre) celebrada este sábado en San Pedro Sula, donde empleados públicos denunciaron haber sido presionados para participar en el evento político de la candidata presidencial Rixi Moncada Godoy, mientras equipos y personal de instituciones gubernamentales fueron utilizados para la logística del acto de campaña.
La movilización, que congregó a simpatizantes del partido oficialista de todo el país en la capital industrial, se desarrolló en medio de señalamientos por el uso indebido de medios y recursos del gobierno, una práctica que se ha repetido sistemáticamente en las actividades de campaña de la candidata oficialista pese a las denuncias presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Medios locales que cubrieron el evento documentaron cómo cuadrillas de trabajadores y camiones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) fueron utilizados para instalar el escenario que sirvió de marco a la concentración, evidenciando el uso directo de infraestructura estatal para fines partidarios en una clara violación a los principios de neutralidad que deben mantener las instituciones públicas durante procesos electorales.
La transmisión del evento por el estatal Canal 8 durante horas previas, durante y después del acto político, representa otro ejemplo del aprovechamiento de medios públicos para beneficio de la candidatura oficialista, una práctica que ha caracterizado la campaña de Moncada sin que las autoridades electorales hayan tomado medidas efectivas para detenerla.
Durante su discurso ante los asistentes, que según sus propias declaraciones fueron «cientos de miles», la candidata adoptó un tono combativo prometiendo que Libre dará una «paliza» a sus contendientes políticos en las próximas elecciones. «Desde San Pedro Sula iniciamos el proceso de 90 días rumbo a la Presidencia de la República», declaró Moncada en referencia al inicio oficial de la campaña electoral el 1 de septiembre.
La exministra de Finanzas y Defensa utilizó la plataforma para reiterar su perfil como continuadora del proyecto de Xiomara Castro, enfatizando que «yo no me voy a acobardar… los voy a gobernar con firmeza, disciplina y también con rigor». En esta línea, prometió ser «implacable contra los corruptos» y aseguró tener conocimiento sobre cómo terminar con «la corrupción estructural público-privada que hay en Honduras».
El discurso de Moncada incluyó referencias a logros económicos de la actual administración, alardeando que aunque «la oposición decía que iban a hacer una catástrofe económica», ahora los tienen «derrotados en el campo económico». Entre las medidas destacadas mencionó la cancelación de «los fideicomisos corruptos» y el deshacimiento de «los contratos público-privados».
La candidata también abordó el tema del narcotráfico, asegurando que «Xiomara dio orden para que no pasará ni un solo kilo de droga por nuestro territorio», declaración que contrasta con investigaciones internacionales sobre el uso del espacio aéreo hondureño para el tráfico de estupefacientes. Sus comentarios se producen mientras la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha confirmado que su país investiga pagos de narcoterroristas a funcionarios de gobierno para habilitar el puente aéreo que utiliza el Cártel de los Soles de Venezuela.
Moncada aprovechó la ocasión para solicitar el voto en plancha que permita a Libre mantener el control del Congreso Nacional para aprobar las reformas que requiere su proyecto de refundación, incluyendo lo que denominó «la democratización de la economía» que buscaría dar acceso a crédito y oportunidades a «obreros, campesinos, mujeres y jóvenes».
La marcha se desarrolló sin la presencia del coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, cuya ausencia no fue explicada oficialmente durante el evento. La movilización incluyó cierres viales que generaron tráfico pesado en San Pedro Sula, afectando las actividades normales de la ciudad durante la jornada sabatina.
Las denuncias sobre presión a empleados públicos para participar en el evento político agregan una dimensión adicional a las controversias que han rodeado la campaña de la candidata oficialista, donde la línea entre las funciones gubernamentales y las actividades proselitistas se ha desdibujado sistemáticamente, planteando interrogantes sobre la equidad del proceso electoral y el respeto a los principios democráticos básicos que deben regir la competencia política.
