Tegucigalpa – El 26 por ciento del Presupuesto General 2023, en promedio, ha sido asignado a sueldos y salarios en los últimos 10 años. Urge renovar Ley de Servicio Civil.
Las secretarías de Salud, Educación, Seguridad y Defensa tienen las partidas más grandes.
La partida de sueldos y salarios es la principal asignación establecida en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y casi se ha duplicado en el período 2013-2023 al pasar de 49 mil 210 millones a 89 mil 711 millones de lempiras.
Edgar Aguilar, investigador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), refiere que las secretarías de Estado que más presupuesto destinan para el pago de sueldos y salarios son Salud, Educación, Seguridad y Defensa.
Una situación que, para el economista y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, se genera porque también crecieron las instituciones en el gobierno central.
“La empleomanía ha sido mayor. Solo en el gobierno central ronda los 80 mil empleados y en el sector público la carga ha crecido bastante. Pero no solo es este gobierno. Viene de gobiernos anteriores”, dice.
Solo en 2023, en concepto de sueldos y salarios se destinan 89 mil 711 millones; es decir, 10 mil millones de lempiras más que en el 2022.
Es un porcentaje bastante elevado del gasto corriente y del presupuesto en general.
Si esas cifras en mención se analizan respecto de la proporción del producto interno bruto (PIB), en promedio, durante esos 10 años la partida de sueldos y salarios ha representado el 11 por ciento del PIB.
Una cifra superior al promedio del resto de países de América Latina que alcanza el 9.5 por ciento, según un estudio del Banco Mundial.
El economista Martín Barahona recuerda que en los años noventa había unos 100 mil empleados públicos, pero en la gestión de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández la cifra creció a más de 200 mil empleados.
“No hay un orden en cuanto al número de empleados y las modalidades, sobre todo en el gobierno de Juan Orlando Hernández que creó programas como Con Chamba Vivís Mejor, Guías de Familia y otras nuevas dependencias”, señala.
Para Barahona, fue un desorden “y esa proliferación de gabinetes sectoriales, en el que en cada uno había un coordinador y este era un ministro sin cartera, fueron parte de las improvisaciones que se dieron con el afán de mantener un clientelismo político”.
Raudales y Barahona coinciden que en estos 10 años el número de empleados públicos creció de manera exorbitante en lugar de haber sido racionalizado.
Valoran que el actual gobierno tuvo el acierto de eliminar los gabinetes sectoriales. De eliminar los fideicomisos y que manejen una caja única, pero centralizar, advierten, puede verse como un clientelismo político, un «chamberismo», un desorden.
“Esa oficina de Servicio Civil no sirve para nada. La modernización del Estado no sirvió para nada, no existe el escalafón del empleado público. No solamente se trata de la cantidad de empleados, sino de la calidad”, refiere Barahona.
En ese sentido, el economista senior de la ASJ, Edgar Aguilar, apunta que hay que considerar el enfoque demográfico, nivel de pobreza, indicadores de salud, educación, educación, entre otros, a fin de buscar eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Barahona, entretanto, sugiere un estudio que establezca cuánto personal se ocupa en cada dependencia, con sus perfiles y parámetros de evaluación.
El Servicio Civil en Honduras hay que renovarlo, enfatiza Raudales, porque la ley que lo rige data desde 1967.
“El simple hecho de tener una Dirección de Servicio Civil sujeta o que dependa del Ministerio de la Presidencia, politiza», señala.
El analista indica que después de 19 interventoras que se crearon en el gobierno de Juan Orlando Hernández, sin resultados positivos, duda que la recién nombrada genere cambios importantes en la Dirección de Servicio Civil.
“Si juzgo a esta interventora por lo que han hecho las otras interventoras, no soy muy optimista”, manifiesta.
Por su parte, Barahona considera que deben apuntar hacia las escalas salariales, porque hay mucha inequidad en ese nivel.
«No se saben cuáles son las funciones de cada quien. No hay planificación. Si en el gobierno de JOH estaba mal, ahora está peor», agrega Barahona.
