Tegucigalpa – El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, exigió este viernes la dimisión inmediata del presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, tras el controvertido anuncio sobre la intención gubernamental de utilizar recursos del Presupuesto Nacional para compensar a los afectados por el colapso de Koriun Inversiones.
«Muy respetuosamente solicitamos su renuncia ante la incapacidad del Estado, demostrada a través de la CNBS, de no haber frenado esta situación en el tiempo correspondiente», manifestó el empresario, quien también expresó su rechazo a lo que calificó como «arreglos fuera de ley y de forma» para abordar la crisis generada por esta empresa financiera no regulada.
El pronunciamiento de Facussé responde directamente a las declaraciones de Sierra, quien reveló que «como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun usando fondos del Presupuesto Nacional».
Esta propuesta ha desatado una cascada de críticas desde diversos sectores de la sociedad hondureña, incluyendo organizaciones empresariales, juristas, analistas financieros y ciudadanos, quienes cuestionan la legalidad, transparencia y justicia de utilizar recursos públicos para compensar pérdidas en inversiones realizadas en una entidad que operaba al margen del sistema financiero regulado.
Facussé advirtió sobre las potenciales consecuencias de esta iniciativa, señalando que podría establecer un peligroso precedente que afectaría la estabilidad fiscal del país. «No se puede premiar la irresponsabilidad ni trasladar la carga de una estafa al pueblo hondureño. El Estado debe proteger a los ciudadanos, no cubrir los errores que permitió con su inacción», sentenció el empresario, resumiendo un sentir expresado por numerosos analistas.
Un elemento central en el cuestionamiento hacia la CNBS y su presidente es la aparente lentitud y falta de supervisión efectiva que, según los críticos, facilitó que Koriun operara durante años al margen de los marcos regulatorios, captando recursos de aproximadamente 35,000 personas con promesas de rendimientos extraordinarios del 5% semanal (equivalentes al 20% mensual).
La propuesta de indemnización con fondos públicos se produce en un contexto político particularmente sensible, con elecciones generales programadas para noviembre de este año, lo que ha llevado a algunos analistas a sugerir que podría estar motivada por consideraciones electorales más que por principios de responsabilidad fiscal o justicia.
El debate sobre esta iniciativa continúa intensificándose mientras el gobierno prepara el proyecto de ley que sería enviado al Congreso Nacional. Organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la propia Cámara de Comercio e Industrias de Cortés han calificado la propuesta como «jurídicamente improcedente» e incluso como una potencial «malversación de caudales públicos».
La crisis de Koriun Inversiones, que ha generado protestas y bloqueos de carreteras en diversas regiones del país, continúa develándose como un complejo desafío que pone a prueba la capacidad institucional del Estado hondureño para abordar fenómenos financieros irregulares y sus consecuencias sociales, en un momento de particular fragilidad económica.
