Roatán – El dirigente de la comunidad garífuna en Punta Gorda, Máximo Castro Molina, confirmó que este martes quedaron en libertad bajo la figura de medidas cautelares distintas a la prisión, los seis garífunas detenidos el lunes tras un violento desalojo en esa comunidad de Islas de la Bahía.
Luego de comparecer en audiencia de imputados, el juez ordenó que los seis garífunas se defiendan en libertad.
Los imputados en la causa son: Dorotea López, Richard Martínez, Efraín Sánchez, Keider Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez
Sin embargo, un grupo de garífunas que se apostaron en las afueras de los juzgados departamentales, dijeron que seguirán luchando por sus tierras.
Cabe señalar que, la presidente Xiomara Castro, aseguró que no fue informada sobre el violento desalojo contra miembros de la comunidad garífuna en el norte de Honduras, al tiempo que exigió la liberación inmediata de los detenidos.
“He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH”, escribió Castro en Twitter.
Sin embargo, dirigentes garífunas cuestionaron la postura de la mandataria Castro.
“La presidenta de la República (Xiomara Castro) alega que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, que no fue informada y que eso era ilegal. Presidenta, no debe alegar ignorancia, lo que ocurrió ayer (lunes) lo hizo la Policía y ellos están bajo su mando”, indicó el presidente de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula, Héctor Castillo.
“Fue un violento desalojo que ejecutó la Policía, entendemos por orden judicial. Llegaron a la comunidad de Punta Gorda donde había vecinos haciendo posesión de sus tierras ancestrales y los desalojaron, algunos fueron arrojados a los carros de la Policía y seis de ellos fueron encarcelados”, condenó el dirigente garífuna.
Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, indicó que se hará una investigación sobre este desalojo, al tiempo que también exigió la liberación de los garífunas detenidos.
“Instamos a que se libere a los defensores detenidos por la defensa de sus territorios ancestrales: Dorotea López, Richard Martínez, Efraín Sánchez, Keider Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez”, sostuvo.
“Se ha creado una comisión interinstitucional, la comisión estará en una visita in situ, del 9 al 11 de noviembre con el propósito de conocer la situación en Punta Gorda, investigará la verificación de títulos de dominio plenos y útiles”, anunció.
Asimismo, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, manifestó que, el juez ejecutor, el fiscal del Ministerio Público y el jefe policial encargado, deben ser investigados por el violento desalojo de garífunas en la comunidad de Punta Gorda.
“Creemos que la juez debe ser investigada, el fiscal del Ministerio Público, como también debe ser investigado la jueza ejecutora y quienes participaron en el desalojo en Punta Gorda”, declaró Maldonado.
A criterio de Hugo Maldonado, la presidenta Xiomara Castro debió haber sido informada del desalojo indicando que en ella recae la responsabilidad de la administración en materia de derechos humanos.
Consideró que este caso puede ser emblemático para Naciones Unidas (ONU) debido a que existen condenas a favor del pueblo garífuna.
El presidente del Codeh opinó que este caso tuvo que haberse dirimido en el fuero civil en lugar del penal.
Destacó que la persona que posee una escritura pública haya decidido recurrir al sistema judicial, pero recomendó que debió haber ido primero al fuero civil.
