Tegucigalpa – Un Juzgado Penal con Competencia Nacional dictó este miércoles medidas distintas a la detención judicial tras audiencia de declaración de imputado para el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Alfredo Rubí.
“Juzgado Penal en Materia de Corrupción en Audiencia de Declaración de Imputado dicta medidas distintas a la Detención Judicial para el extitular de Copeco, Gabriel Rubí acusado de violación a los deberes y fraude por la compra de salas de aislamiento para Covid-19”, detalló el Poder Judicial.
La audiencia inicial para Gabriel Rubí y para el ex viceministro de Salud, Nery Cerrato (ambos encausados en el mismo caso), se celebrará el próximo 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana
Con anterioridad, el portavoz del Poder Judicial Carlos Silva, indicó que el ente acusador habría solicitado detención judicial por la posibilidad de un riesgo de abandono del país de parte de Rubí “por la gravedad de las penas y por dos procesos que están en avances”.
Esta mañana llegó el imputado a las instalaciones del Tribunal en Materia de Corrupción de manera voluntaria donde expresó que no cometió estas acciones irregulares y que esto era “una mala percepción de las autoridades”. Al mismo tiempo que, sus representantes legales pidieron medidas cautelares diferentes a la detención judicial.
Al extitular de Copeco lo acusan de los delitos de violación de deberes de los funcionarios y supuesto fraude millonario referente a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al Covid-19, en el cual que habrían erogado casi 6 millones de lempiras.
El pasado martes, el Ministerio Público acusó a Rubí y a Cerrato, y dos personas más sobre el caso de la compra de una carpa móvil hospitalaria en Cortés.
“El caso está relacionado a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al Covid-19 en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis millones de lempiras (cinco millones 560 mil 278.21 lempiras)”, indicó el Ministerio Público.
Sin embargo, aseguran que se instaló una carpa que no cumplía con los requisitos mínimos para atender a pacientes durante la crisis por la pandemia del Covid-19 que enfrentaba el país.
La Fiscalía indicó que los acusados acordaron “defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que lo que entregó fueron toldos y camillas de campamento, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 2020”.
El viceministro Nery Cerrato, actuando como coordinador del Comité Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), comenzó con el titular de Copeco, Gabriel Rubí, la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles.
A raíz de esto, los señalados alteraron la documentación, violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.
Esta nueva acción del Ministerio Público estuvo a cargo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
