Tegucigalpa – El Juzgado Penal en Materia de Corrupción a petición de partes, dictó medidas distintas a la detención judicial al exviceministro de Salud, Nery Cerrato, acusado de falsificación de documentos públicos.
La causa fue interpuesta por la adquisición de una Sala de Aislamiento Móvil para la atención de pacientes Covid-19 cuyo monto pagado fue de cinco millones 560 mil lempiras, misma que no reúne los requisitos mínimos de atención y no se entregó lo firmado en el contrato con la empresa.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que entre las medidas impuestas está la prohibición de salida del país, firmar todos los lunes el libro de actas en el Juzgado de Paz de Teupasenti y no visitar la Secretaría de Salud y sus empleados.
La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 14 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana.
Cerrato fue capturado este martes por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), al estar acusado de supuesta falsificación de documentos públicos en perjuicio del Estado de Honduras.
La Fiscalía informó que el requerimiento fiscal está relacionado a un millonario fraude en la compra de carpa móvil de Villanueva, Cortés, y donde también está acusado el exsecretario de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Alfredo Rubí.
Los otros acusados son el exadministrador de Copeco, Cristian Elías Santeli Chavarría y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.
En el caso de Cerrato, el Ministerio Público señala que “se le presume responsable de falsificación de documentos públicos”.
El exviceministro de Salud, Nery Cerrato, fue capturado a inmediaciones del centro de salud del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.
Según la investigación, en el caso se erogaron casi seis millones de lempiras (cinco millones 560 mil 278.21 lempiras), pero, lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.
Conforme a la investigación del Ministerio Público, los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que lo que entregó fueron toldos y camillas de campamento, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 2020, el viceministro Nery Cerrato, actuando como Coordinador del Comité Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) comenzó con el ministro de Copeco, Gabriel Rubí, la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.
La Fetccop de San Pedro Sula y agentes de investigación de los delitos en contra de la administración pública y patrimonial de la ATIC, confirmaron que las transferencias que el gobierno hizo a DLX Enterprises LLC por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, se realizó de la siguiente manera: un adelanto de 33 mil 502.97 dólares el 2 de marzo de 2020, siete días después 78 mil 173.61 dólares y una última el 17 de marzo de 2020 por 111 mil 676.58 dólares.
Además, con las inspecciones de campo y pericias de expertos de ingeniería civil y biomédica, se acreditó que el proyecto fallido se instaló en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topográficos, ni mucho menos contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el coronavirus.
