Tegucigalpa. – La mayoría de los señalados en el nuevo caso sobre desfalco en el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), se defenderán en libertad, luego que el juez en materia de corrupción determinó esta madrugada en audiencia de declaración de imputado dictar medidas cautelares.
Mediante la Operación Omega VIII, encabezada por el Ministerio Público (MP) mediante allanamientos, capturas, aseguramiento de bienes e inspecciones por corrupción en el Seguridad Social, en su Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Calpules en San Pedro Sula y Torocagua en Comayagüela.
Se trata de la línea de investigación denominada “14 contratos” en referencia a la suscripción fraudulenta de igual número de proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas, mediante las cuales se sustrajeron entre 2010 y 2013.
En ese sentido, el portavoz judicial, Carlos Silva, informó que diez de los señalados se defenderán en libertad en la nueva línea de investigación sobre el despilfarro de 158.8 millones de lempiras.
Los otros tres imputados ya guardan prisión por el desfalco en el Seguro Social, por lo que el juez que lleva la causa les dictó detención judicial. Se trata de Mario Zelaya, José Bertetty y Juan Maradiaga Ortiz.
En libertad se defenderán: Wilmer Polanco, exsubgerente de Ingeniería del IHSS; Claudia Marisol Lazo, coordinadora de la Subgerencia de Ingeniería; Aldo José Sevilla Cerrato, supervisor de obras civiles del IHSS y Luis Alejandro Joya, supervisor de obras civiles del IHSS.
Asimismo, Jack Jordan Bodden, gerente de la empresa Diser; Francisco Javier Pineda, dueño de la constructora Joalca; Óscar Guerra, gerente de la empresa Ogo; Alex Reyes, gerente de la empresa Sti; Rubén Antonio Lozano, gerente de EC Lozano y Byron Eduardo Menjívar, gerente de BM.
“Las medidas cautelares para el resto de los imputados están contenidas en el artículo 173 numerales 5,6,7,8 y 9, las cuales les permitirá quedar al cuidado y vigilancia de su equipo de defensa quienes deberán rendir un informe una vez al mes”, dijo Silva.
Los señalados tendrá que firmar todos los viernes el registro biométrico del juzgado en la ciudad que residen y la prohibición de salir del país, así como la de visitar el Instituto Hondureño de Seguridad Social en sus áreas administrativas.
Las acusaciones contra estas personas son por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos, según se detalló.
“El juzgador señaló que la toma de decisiones para dictar medidas cautelares es para evitar el hacinamiento y contagio del Covid-19 en los centros carcelario, además de no estimar riesgo de fuga de los imputados quienes han logrado presentar arraigo familiar, domiciliar y patrimonial”, expresó Silva.
Según las investigaciones y diligencias efectuadas, los proyectos quedaron inconclusos, con mala calidad y sobrevalorados en un 52 por ciento de lo pagado por el IHSS.
El monto de los contratos inicialmente era de 179 millones 503 mil 516 lempiras, pero finalmente sólo se desembolsaron 158.8 millones de lempiras.
