Tegucigalpa – El padre Ismael Moreno, reconocido defensor de derechos humanos y director de Radio Progreso, lanzó este viernes acusaciones directas contra el fiscal general Johel Zelaya por su manejo del caso del ambientalista Juan López, afirmando que el jefe del Ministerio Público posee información sobre los autores intelectuales del crimen pero opta deliberadamente por protegerlos mediante la inacción judicial, priorizando cálculos políticos sobre la justicia.
Las declaraciones del sacerdote jesuita, conocido como Padre Melo, representan la crítica más frontal realizada por un líder social contra la gestión del fiscal general en el emblemático caso López, cuyo asesinato en septiembre de 2023 conmocionó al movimiento ambientalista hondureño y evidenció la vulnerabilidad de los defensores del territorio frente a intereses extractivistas y criminales.
«El Ministerio Público, a través de este fiscal, que es absolutamente incompetente en relación con el caso de Juan López, debe actuar no por razones políticas sino por razones de justicia», sentenció Moreno, quien fue más allá al sugerir un encubrimiento activo: «Él tiene seguramente la información de quién, en las redes de criminalidad, dio la orden para el asesinato de Juan López, pero no solamente se calla, sino que guarda todas las decisiones para que no se tomen jurídicamente, sino políticamente».
Juan López, defensor del río Guapinol y símbolo de la resistencia contra proyectos mineros en el Bajo Aguán, fue asesinado el 14 de septiembre de 2023 por sicarios que lo interceptaron cuando se dirigía a la iglesia en Tocoa, Colón. Su muerte ocurrió pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exponiendo la incapacidad o complicidad del Estado para proteger a activistas amenazados.
El religioso amplió su crítica hacia el sistema político hondureño, desenmascarando lo que considera una falsa preocupación de la clase dirigente por los problemas estructurales del país. «Las situaciones políticas al final se arreglan. Lo único que no se arregla es la profundización de la pobreza», afirmó, sugiriendo que las crisis institucionales como la actual parálisis del Consejo Nacional Electoral son teatro político mientras la miseria ciudadana se agrava sin solución.
La crítica del Padre Melo al sistema electoral fue demoledora: «En las elecciones, las decisiones finales no se definen en la mesa receptora de votos, no lo define la persona que va a votar, sino que se toman en espacios muy reducidos, sin tomar en cuenta a los votantes, utilizando a los votantes y con frecuencia en contra de los votantes». Esta declaración cobra relevancia especial ante la crisis del CNE y los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral programado para noviembre.
Frente a sectores que agitan el fantasma de la «cubanización» o «venezolanización» de Honduras bajo el gobierno de Xiomara Castro, el sacerdote ofreció una perspectiva diferente pero igualmente sombría. «Es falso eso de creer que aquí se va a cubanizar o se va a venezolanizar. Aquí lo que vamos a seguir haciendo es hondureñizando la pobreza y la miseria en el país», sentenció, sugiriendo que el problema hondureño trasciende ideologías importadas y radica en dinámicas propias de exclusión sistemática.
Las declaraciones ocurren en un contexto donde el Ministerio Público enfrenta críticas crecientes por su selectividad en la persecución penal. Mientras casos emblemáticos como el de López permanecen estancados, la Fiscalía ha mostrado celeridad en procesos contra opositores políticos y medios de comunicación críticos, alimentando percepciones de instrumentalización política de la justicia.
El caso Juan López simboliza la impunidad que rodea los crímenes contra defensores ambientales en Honduras, país que consistentemente figura entre los más peligrosos del mundo para activistas ecológicos según Global Witness. La parálisis en la investigación, ahora denunciada abiertamente por el Padre Melo, sugiere que las redes de poder detrás de estos crímenes mantienen capacidad de influencia sobre instituciones clave del Estado.
La intervención del religioso jesuita, cuya credibilidad moral trasciende líneas partidarias, representa un desafío directo a la narrativa oficial de transformación y justicia del gobierno Castro. Al señalar que «se sigan postergando las reformas estructurales y se mantenga la exclusión social», Moreno evidencia que los cambios cosméticos en el poder no alteran las dinámicas fundamentales que perpetúan la pobreza y la violencia.
El silencio del fiscal Zelaya ante estas acusaciones directas será interpretado como confirmación de lo denunciado por el Padre Melo. En un país donde 73% de la población vive en pobreza y los defensores de derechos humanos son sistemáticamente eliminados, la justicia selectiva y politizada que denuncia el sacerdote no es apenas una falla institucional, sino un mecanismo de preservación del sistema que, como él mismo advierte, continuará «hondureñizando la miseria» sin importar los colores políticos que adornen el poder de turno.
