Tegucigalpa, Honduras. – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta una pesada carga legal y financiera que podría profundizar su crisis, debido a contingencias estimadas en 44 mil millones de lempiras, derivadas en gran parte de la Ley de Emergencia Eléctrica aprobada en 2022 durante la administración de Xiomara Castro.
El gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, advirtió que esta situación ha colocado a la ENEE en un “momento crítico”, al señalar que las demandas y arbitrajes responden principalmente a la revisión obligatoria de contratos con generadores de energía establecida en aquella legislación.
Según explicó, las contingencias se ensancharon por la falta de pago efectivo y oportuno de compromisos, así como por el incumplimiento o falta de respeto a contratos suscritos con empresas generadoras.
De los 44 mil millones de lempiras en contingencias, la mayor parte correspondería a demandas relacionadas con la revisión de contratos, mientras que alrededor de 3 mil 600 millones de lempiras estarían vinculados a reclamos laborales generados por acciones de la pasada administración.
Peña Panting detalló que estos procesos se encuentran en diferentes instancias, entre ellas tribunales de arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), juzgados del Poder Judicial y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia adscrita al Banco Mundial.
El funcionario indicó que, en los casos sometidos a juicios y arbitrajes, lo más conveniente para la estatal sería alcanzar acuerdos mutuos y esperar a que estos queden firmes.
A criterio del gerente de la ENEE, la ley aprobada en 2022, que ahora se busca reformar mediante un nuevo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, provocó tres problemas graves para la empresa eléctrica.
Peña Panting señaló que desde ese año se advirtió que la legislación podía causar daños al país, debido a que la revisión de contratos con más de 90 generadores se desarrolló bajo condiciones que calificó como virtualmente coercitivas.
Según su explicación, esa situación provocó una ruptura de contratos y abrió la puerta a una serie de demandas contra la estatal.
El gerente agregó que, al romperse esos contratos, tampoco se lograron negociar nuevos convenios con generadores, ya que no se realizaron licitaciones. Esto, sostuvo, generó incertidumbre en el sector y frenó nuevas inversiones.
La falta de inversión habría provocado presión sobre los precios del kilovatio, lo que terminó incidiendo en tarifas más altas para los usuarios.
La Ley de Emergencia Eléctrica declaró emergencia en el subsector para agilizar la intervención gubernamental, revisar y renegociar contratos con generadores, y autorizar a la junta directiva y a la gerencia general de la ENEE a realizar auditorías y reformas internas.
Sin embargo, Peña Panting sostiene que el resultado fue una acumulación de conflictos legales, arbitrajes, incertidumbre y una carga financiera que hoy amenaza con agravar la situación de una empresa ya golpeada por deudas, pérdidas y problemas operativos.
El presidente Nasry Asfura ha señalado que es necesario tomar medidas urgentes con la ENEE, al considerar que el país se está “desangrando financieramente”. No obstante, ha reiterado que la empresa continuará siendo propiedad del Estado hondureño.
La reforma energética que actualmente se discute busca modificar el marco heredado de la emergencia eléctrica, reducir riesgos financieros, atraer inversión y reorganizar un sistema que, según sus impulsores, necesita recuperar estabilidad, confianza y sostenibilidad.
