Tegucigalpa, Honduras. – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) perdió más de 50 mil millones de lempiras durante los cuatro años de la administración de Xiomara Castro, según alertaron expertos en energía que señalan la crisis de la estatal eléctrica como un reto fiscal inmediato para el gobierno entrante de Nasry Asfura, quien asumirá el poder el próximo 27 de enero.
El experto en energía Kevin Rodríguez reveló que las pérdidas de energía eléctrica que el gobierno actual recibió en 33% las está dejando en 36%, evidenciando un deterioro en la eficiencia operativa de la empresa estatal durante el mandato de Castro, cuando se esperaba una reducción de este indicador crítico para la salud financiera de la ENEE.
Rodríguez advirtió que el próximo gobierno de entrada tiene que derogar la ley de energía que aprobó la administración de Castro en el año 2022 y volver a la ley de la industria eléctrica del 2014, señalando que el marco regulatorio implementado por el oficialismo ha contribuido al deterioro operativo y financiero de la empresa.
El presidente del sindicato de la ENEE, Miguel Aguilar, denunció que la estatal eléctrica «no es una escuelita» para que siga llegando gente a aprender o a improvisar, cuestionando la gestión de funcionarios nombrados durante la administración Castro que carecerían de experiencia técnica necesaria para dirigir una empresa de la complejidad de la ENEE.
Aguilar afirmó que el rescate de la ENEE sí es posible bajo un plan integral, rechazando así narrativas derrotistas sobre la viabilidad de la empresa estatal, aunque condicionó cualquier recuperación a que se designe personal capacitado en lugar de nombramientos políticos sin experiencia en el sector energético.
«No hay tiempo para que improvisados lleguen a la empresa porque lamentablemente la operación de la ENEE no camina«, lamentó el líder sindical, señalando que la falta de cuadros técnicos calificados en puestos de dirección ha paralizado la capacidad operativa de la estatal y contribuido al incremento de las pérdidas financieras.
Sin embargo, el gerente de la ENEE, Erick Tejada, respondió a las críticas señalando que en este enero va a predominar un discurso de que no hubo resultados en la estatal eléctrica para poder así «preparar el terreno para una eventual privatización», acusando a sectores opositores de construir una narrativa de fracaso con motivaciones políticas.
Tejada afirmó que lo que realmente se busca es «volver al modelo liberalizado de energía eléctrica» aprobado en 2014, caracterizando las críticas sobre las pérdidas de 50 mil millones de lempiras y el incremento de pérdidas técnicas como parte de una estrategia para justificar cambios en el modelo de gestión del sector eléctrico hondureño.
La pérdida de más de 50 mil millones de lempiras durante el cuatrienio representa un promedio de aproximadamente 12,500 millones de lempiras anuales, una hemorragia financiera que compromete la sostenibilidad de la empresa estatal y genera presión sobre las finanzas públicas que debe asumir los déficits operativos de la ENEE.
El incremento de las pérdidas de energía del 33% al 36% implica que de cada 100 kilovatios-hora que la ENEE genera o compra, 36 se pierden por factores técnicos (deterioro de infraestructura, redes obsoletas) o no técnicos (hurto de energía, falta de cobro), antes de llegar a los usuarios que pagan por el servicio.
La ley de energía aprobada en 2022 por la administración Castro modificó el marco regulatorio que había estado vigente desde 2014, generando controversia sobre si los cambios contribuyeron a mejorar o deteriorar la gestión del sector eléctrico, debate que ahora se reaviva ante las cifras de pérdidas financieras y técnicas reveladas.
El llamado de Rodríguez a retornar a la ley de 2014 sugiere que el modelo regulatorio previo permitía una gestión más eficiente del sector, aunque el gerente Tejada interpreta este posicionamiento como parte de una agenda de «liberalización» que podría abrir paso a mayor participación privada en la generación y distribución eléctrica.
La contradicción entre las versiones de los expertos y sindicalistas que denuncian crisis profunda versus el gerente que acusa construcción de narrativa de fracaso, evidencia que la situación de la ENEE será uno de los temas más controversiales que heredará el gobierno de Asfura, requiriendo decisiones inmediatas sobre el modelo de gestión del sector energético.
El reto fiscal que representa la ENEE para el próximo gobierno se suma a las deudas pendientes que reconoció el ministro de Finanzas Christian Duarte, quien confirmó que se dejan L2,100 millones adeudados a constructores y $6 millones a la concesionaria de peajes Covi, comprometiendo aún más el espacio fiscal disponible para el gobierno entrante.
La controversia sobre la gestión de la ENEE ocurre mientras el país enfrenta una crisis institucional por intentos del oficialismo de revertir resultados electorales, agregando incertidumbre sobre si la transición permitirá que el nuevo gobierno implemente reformas profundas en el sector energético o si enfrentará resistencias del aparato estatal heredado.
El sindicato de la ENEE representa un actor relevante en cualquier intento de reforma del sector, y su posición de que el rescate «sí es posible» con plan integral pero rechazando improvisados, sugiere que podría respaldar cambios estructurales siempre que se respeten criterios técnicos sobre nombramientos y se mantenga el carácter estatal de la empresa.
La acusación del gerente Tejada sobre preparación de terreno para «eventual privatización» introduce el componente ideológico en el debate, sugiriendo que detrás de las críticas sobre pérdidas financieras existe una agenda política de transformar el modelo de gestión del sector eléctrico que durante décadas ha estado dominado por la empresa estatal.
