Tegucigalpa, Honduras. – La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final entró en vigencia este lunes en Honduras, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
La normativa tiene como objetivo eliminar el anonimato corporativo y fortalecer la lucha contra delitos financieros, especialmente el lavado de activos, mediante la identificación de las personas que realmente controlan o se benefician de estructuras legales.
Con la entrada en vigencia de la ley, las sociedades mercantiles registradas en el país deberán inscribirse en una lista administrada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La institución contará con un plazo de 60 días para reglamentar la normativa y con seis meses para registrar a todas las empresas obligadas.
De acuerdo con la ley, el beneficiario final de una sociedad mercantil deberá presentar una declaración jurada con información detallada sobre sus beneficios y participación dentro de la estructura empresarial.
La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, afirmó que la implementación de esta normativa envía un mensaje claro sobre la intención de Honduras de fortalecer la transparencia y ofrecer mayor seguridad jurídica a la inversión.
“El mensaje es que Honduras es un país seguro para invertir y que el sistema financiero no se prestará para la comisión del delito de lavado de activos”, señaló Suazo.
La funcionaria explicó que, si existen indicios de que una empresa no opera de manera legítima, las autoridades podrán identificar al beneficiario final y someterlo a los procesos de justicia correspondientes.
Los obligados a registrarse ante la CNBS serán las sociedades mercantiles nacionales y extranjeras, los fideicomisos y los fondos de inversión.
Suazo aclaró que la información relacionada con los beneficiarios finales tendrá carácter confidencial.
Según explicó, solo podrán acceder a esos datos las personas o instituciones que demuestren un interés legítimo conforme a lo establecido en la ley.
La normativa considera como beneficiario final a toda persona que posea 25 % o más de participación dentro de una sociedad mercantil o estructura jurídica obligada al registro.
La comisionada también precisó que quedan excluidas de la obligación de revelar información las embajadas y las empresas estatales.
Con esta ley, Honduras busca fortalecer sus mecanismos de control financiero, cerrar espacios al uso de empresas fachada y mejorar la trazabilidad sobre la propiedad real de las estructuras corporativas.
La implementación del registro centralizado representa un nuevo paso en materia de transparencia, supervisión y prevención de operaciones vinculadas a delitos financieros dentro del sistema económico nacional.
