Tegucigalpa. – Debido la huelga de empleados del Ministerio Público que exigen aumento salarial, el Poder Judicial, Secretaría de Salud, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) con ayuda del Registro Nacional de las Personas (RNP) y alcaldías, serán las instituciones encargadas de hacer el levantamiento y reconocimiento de cadáveres.
En ese sentido, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, instruyó a los jueces de paz, a nivel nacional, para realizar los levantamientos cadavéricos, emitiendo las actas correspondientes.
“Es una situación que no la esperábamos, pero estamos aquí para dar una respuesta al pueblo, para que no tengan que estar los cuerpos de sus deudos tanto tiempo en clemencia, estamos aquí para ayudar”, aseveró la magistrada en conferencia de prensa.
Por su parte, el ministro de Salud (Sesal), José Manuel Matheu, detalló que los jueces serán acompañados por médicos forenses contratados por esa secretaría, quienes laborarán mediante un rol de turnos.
“Durante la pandemia del Covid-19 fueron nuestros médicos los que dieron respuesta a esta problemática levantando más de 780 cuerpos, no podemos permitir que persona que pierda la vida no sea levantado”, externó.
El funcionario aclaró que los doctores no harán autopsias, solo se encargarán del levantamiento, posteriormente, si son necesarias diligencias judiciales, los cuerpos serán exhumados.
De su parte, el titular de Copeco, Darío García, explicó que los jueces de paz emitirán actas de reconocimiento de los cadáveres, mientras los médicos harán el levantamiento.
Entretanto, Martha Murillo, jueza del Juzgado Letras de lo Penal, detalló que en Francisco Morazán hay 28 jueces de paz, cinco para Distrito Central y uno para cada uno de los demás municipios.
“Cuando los familiares estén en la escena se les puede entregar y en el acta constar la dirección de la familia para posteriormente hacer la autopsia. (Si la familia no está) vamos a tener lugares para depositar estos cadáveres”, detalló.
Murillo explicó que la Policía Nacional llegará al lugar de los hechos para acordonar el área y que se realicen las labores forenses.
El pasado 19 de enero, los fiscales y otro personal del Ministerio Público solicitaron -con plazo de respuesta hasta fin de ese mes- formalmente al Fiscal General, Óscar Chinchilla, hacer efectivo el reajuste salarial anual.
Pero, al no recibir una respuesta, el 6 de febrero iniciaron una huelga que incluyen protestas, paro de labores y la suspensión (desde el pasado lunes) de los servicios forenses, como levantamientos e identificaciones de cadáveres.
En sus consignas solicitan un incremento del 9.8 por ciento al sueldo base y un aumento del 13 al 15 por ciento por concepto de costo de vida.
Mediante un comunicado, el pasado 20 de febrero, las autoridades del Ministerio Público informaron que desde el 11 de noviembre de 2022 se solicitó una ampliación presupuestaria al Congreso Nacional para cubrir el incremento salarial, entre otros gastos, pero no obtuvo solución.
