Nueva York – El equipo legal de Juan Antonio «Tony» Hernández solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos que revoque la cadena perpetua de su cliente por narcotráfico.
La demanda fue hecha el 1 de febrero por el equipo de defensa de Hernández, encabezado por el fiscal federal Jesse M. Siegel.
Según información publicada por medios escritos de circulación nacional, el documento responde al pedido de la Fiscalía General del Estado de confirmar la severa sanción impuesta a Hernández.
Debido a que «Tony» Hernández estaba sin abogado cuando fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami, la defensa alega que los fiscales violaron la ley federal.
Según Siegel, «el error de admitir la declaración del señor Hernández no fue inofensivo, por lo que la decisión del tribunal debe ser revisada nuevamente».
Tras su detención, la fiscalía le preguntó al exdiputado del Partido Nacional si tenía abogado, a lo que respondió que era Manuel Retureta. Las autoridades llamaron al abogado, pero al no poder encontrarlo, continuaron interrogando a «Tony».
El documento también revela que Hernández había considerado trabajar con la Fiscalía de Nueva York antes de ser detenido. Sin embargo, la colaboración no se produjo porque los fiscales pensaron que Hernández había sido deshonesto en algunas de sus declaraciones durante una reconciliación en octubre de 2016.
Hernández ahora está esperando la decisión de la Corte de Apelaciones, que podría confirmar la cadena perpetua, ordenar un nuevo juicio o, si falla, revocar el veredicto.
El juicio de Tony Hernández se llevó a cabo en la corte de Nueva York en octubre de 2019 y el juez Castel lo encontró culpable de los cuatro cargos presentados en su contra por la Oficina del Fiscal Federal, incluido el tráfico de cocaína, dar una declaración falsa a la policía y poseer armas de fuego.
Hernández, quien se encuentra encarcelado en el Complejo Correccional Federal de Victorville en el desierto de Mojave en Los Ángeles, California, cumple cadena perpetua más 30 años de prisión que le impuso el juez Castel hasta el 30 de marzo de 2021.
