Tegucigalpa, Honduras.— El escrutinio especial de más de 2,700 actas con inconsistencias de las elecciones generales del 30 de noviembre no comenzó en el horario previsto debido a múltiples obstáculos administrativos, tecnológicos y la ausencia de formalización por parte del consejero Marlon Ochoa, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) este domingo.
El ente electoral indicó que el recuento especial estaba programado para las 07:00 hora local (13:00 GMT), pero su inicio se retrasó porque Ochoa, representante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), «no ha dado voto por escrito» para autorizar formalmente el escrutinio, pese a que las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López ya otorgaron su aval para proceder con la revisión de actas.
El CNE precisó en un comunicado que el Partido Liberal no acreditó el sábado a su personal ante el ente electoral, generando «demoras adicionales en la conformación de los equipos necesarios para el proceso» de escrutinio que requiere la participación de representantes de todas las organizaciones políticas para garantizar la transparencia del recuento.
La situación se complicó cuando la empresa responsable del soporte tecnológico notificó la necesidad de «repetir» el procedimiento de triple sellado del software que se utilizará en el escrutinio especial, pese a que ese proceso ya se había realizado la noche del viernes, añadiendo un obstáculo técnico adicional que retrasó el inicio del proceso definitivo.
El ente electoral aseguró que se encuentra «listo» para iniciar el escrutinio especial y que permanece a la espera de que los partidos completen las acreditaciones pendientes, la empresa tecnológica concluya los procedimientos requeridos y el consejero Ochoa formalice su voto por escrito para autorizar el proceso que podría alterar los resultados preliminares.
El recuento se centrará en las actas con inconsistencias consideradas clave para definir al presidente electo, en un proceso marcado por una contienda extremadamente cerrada donde el candidato Nasry «Tito» Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, suma el 40.52% de los votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtiene el 39.20%, con el 99.40% de las actas escrutadas.
La diferencia de 42,407 votos entre ambos candidatos, según datos publicados por el CNE en su página web, podría verse alterada significativamente por el escrutinio especial de las más de 2,700 actas que presentan inconsistencias biométricas, falta de firmas, errores de suma o problemas de recepción que requieren revisión detallada para determinar su validez.
El Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) anunció el pasado miércoles que no participará en el escrutinio especial y solicitó al CNE no acreditar a miembros de esa agrupación para integrar las Juntas de Recuento y Verificación Especial, al considerar que ello podría «menoscabar la transparencia» y «la certeza del proceso» electoral.
El PDCH advirtió en un comunicado que existen intentos de acreditar como sus representantes a personas que, en su mayoría, pertenecerían a otros partidos políticos, denunciando posible infiltración de elementos ajenos en el proceso de representación partidaria durante el escrutinio que determinará oficialmente al próximo presidente de Honduras.
El recuento especial será acompañado por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), proporcionando supervisión internacional al proceso que busca resolver las inconsistencias detectadas en miles de actas que podrían alterar el resultado final de los comicios presidenciales.
Los retrasos administrativos y la falta de formalización de Ochoa evidencian las tensiones institucionales que rodean el proceso electoral, mientras el país aguarda la resolución definitiva de una contienda presidencial que mantiene en suspenso la transición democrática que debe completarse con la toma de posesión del nuevo mandatario el 27 de enero de 2026.
La combinación de obstáculos técnicos, administrativos y políticos que impide el inicio del escrutinio especial refleja las complejidades del sistema electoral hondureño y las tensiones entre las fuerzas políticas que buscan maximizar sus posiciones en un proceso que determinará el control del poder ejecutivo para los próximos cuatro años.
