Tegucigalpa – El juez que conoce la causa contra el periodista Esdras Amado López ha dictado medidas sustitutivas a la prisión preventiva, permitiéndole enfrentar en libertad el proceso judicial por los delitos de violencia doméstica y lesiones en perjuicio de su esposa, Milagros González.
Entre las medidas cautelares impuestas al comunicador figuran la obligación de firmar periódicamente un libro de asistencias, la prohibición de salir del país y la restricción de no acercarse a lugares donde se encuentre la víctima. La audiencia inicial del caso ha sido programada para el 9 de abril a las 9:00 de la mañana.
Tras conocerse la decisión judicial, Ariel López, hijo del propietario de medios de comunicación, criticó duramente lo que calificó como un «escarnio» por parte de las autoridades, exponiendo públicamente a su padre. El joven comunicador instó a que este caso sirva para examinar el comportamiento de los operadores de justicia en Honduras, insistiendo en que hubo un uso desproporcionado de la fuerza en un caso que, según su criterio, no lo ameritaba.
Por su parte, Esdras Amado López, al salir de los juzgados después de la audiencia de imputados, lanzó fuertes declaraciones contra el expresidente Manuel Zelaya, afirmando: «Ni Mel ni sus narcofamiliares podrán callarlo». El periodista se autodenominó como «el único comunicador que hace oposición al gobierno» y dirigió críticas al Fiscal Johel Zelaya, a quien acusó de ordenar su envío a prisión donde, según sus palabras, lo esperaba un sicario contratado por Zelaya para asesinarlo.
Durante su traslado a los tribunales esta mañana, López ya había protestado por su exposición mediática, asegurando que «ni a un narcotraficante lo habían tratado como lo han tratado a él». Adicionalmente, denunció que un encapuchado se presentó en la madrugada en su celda para advertirle que un sicario lo esperaba en la cárcel, situación por la cual responsabilizó directamente al expresidente Zelaya de cualquier daño que pudiera sufrir.
La detención de López se produjo el martes tras una denuncia de su esposa por presunta violencia doméstica ocurrida en las instalaciones de Canal 36, propiedad del periodista. Durante su detención, tuvo que ser trasladado a una clínica privada por una aparente descompensación de salud.
