La Comisión mantiene activos 21 casos que abarcan desde la falta de depuración de las aguas residuales a la contaminación del aire y el robo del agua en Doñana.
Por El País
España va a cerrar este 2023 como el país de la Unión Europea con más expedientes abiertos por incumplir las normas medioambientales comunitarias. En concreto, tiene en estos momentos 21 infracciones activas, según el recuento realizado por EL PAÍS a partir de la base de datos de la Comisión Europea. A continuación en esta lista de incumplidores de las directivas verdes de la UE están Polonia y Grecia, con 19 cada uno, seguidos de Italia (17), Bulgaria (17) y Rumania (16).
Los Veintisiete están obligados a cumplir las diferentes normas comunitarias y una parte importante de ellas están relacionadas con la protección del medio ambiente. Cuando no lo hacen, la Comisión Europea inicia un expediente de infracción, que en última instancia puede terminar en una condena por parte del Tribunal de Justicia de la UE e, incluso, en sanciones millonarias contra los Estados. Bruselas tiene activos 292 expedientes en estos momentos contra los países por incumplimientos de la legislación medioambiental y climática. Muchos son por la no trasposición de las directivas, es decir, por no trasladar los preceptos que se fijan en las leyes europeas a las normas nacionales. Pero también hay casos relacionados con incumplimientos concretos sobre contaminación del aire, el buen estado de las masas de agua, la gestión de los residuos, la protección de espacios naturales…
El país que tiene menos expedientes activos ahora es Luxemburgo, que solo cuenta con uno referido a la contaminación del aire que la Comisión le abrió el pasado año. Le siguen Países Bajos, con tres, Lituania (cinco) y Estonia y Finlandia, con seis cada uno.
España, con los 21 expedientes vivos, está lejos de esas posiciones al cierre de 2023. Pero no se trata de algo excepcional o coyuntural, porque el país lleva ya años ocupando los primeros puestos del listado de infractores a las normas medioambientales de la UE. Respecto al último recuento realizado por este diario en febrero de 2022, cuando los casos contra España ascendían a 26, ha mejorado la situación, ya que Bruselas ha cerrado algunas infracciones. Varias estaban relacionadas con la no trasposición de directivas sobre la gestión de los residuos, como, por ejemplo, la relativa a los plásticos de un solo uso. Con la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en la primavera de 2022 varios casos se archivarán al actualizarse la legislación nacional.
Buena parte de la demora en la trasposición de las normas y de la acumulación de infracciones contra España ha estado vinculada al periodo de inestabilidad política en la segunda mitad de la pasada década. La sucesión de elecciones generales —hubo comicios en 2015, 2016, abril de 2019 y noviembre de 2019— y las dificultades para formar Gobierno hicieron que se acumulara un gran retraso en la trasposición de las directivas europeas medioambientales al ordenamiento español. Este atraso se ha solucionado en gran medida y España ya no tiene ahora expedientes vivos por la no trasposición, según los datos que aparecen en la base de datos de la Comisión.
Pero existe otro grupo de infracciones, en las que también tienen responsabilidades las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, que está directamente relacionadas con malas prácticas que contravienen el derecho europeo por parte de las Administraciones.
El caso más claro es el de la falta de depuración de las aguas residuales urbanas, un problema que arrastra España desde hace décadas. En estos momentos, España tiene cuatro expedientes activos por este asunto —se abren diferentes casos en función del tamaño de las poblaciones que no depuran bien sus aguas y de si están en zonas sensibles—. Uno de estos casos acabó en una condena del Tribunal de Justicia de la UE en 2018, que ha acarreado una multa millonaria, la mayor a la que ha tenido que hacer frente España hasta ahora. Fue por la falta de depuración en 17 grandes aglomeraciones urbanas. Todavía alguna —como la de Matalascañas, en pleno corazón de Doñana, o Alhaurín el Grande, en Málaga— sigue sin cumplir, lo que hace que la multa crezca semestre a semestre. El Gobierno no espera que el problema esté resuelto completamente hasta, al menos, 2026. Y el último cálculo del Ministerio para la Transición Ecológica apuntaba a que la sanción final superará los 80 millones de euros, a los que están haciendo frente el Gobierno central y las comunidades autónomas afectadas. En otros dos casos más activos por la mala depuración, que afectan a decenas de aglomeraciones urbanas, Bruselas ya ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La última de las demandas se anunció la semana pasada.
La Comisión suele ser bastante paciente con los países infractores. De hecho, la directiva europea que incumple España sobre las aguas residuales y por la que ha sido multada tiene más de tres décadas. Para que se llegue a una sanción deben pasar muchos años y avisos de Bruselas. Primero, se abre el expediente y se insta al país miembro a cumplir. Tras varios cruces de advertencias, contestaciones de los Estados y ultimátums, la Comisión lleva al país ante la justicia europea si persisten los incumplimientos. Normalmente, la primera condena no acarrea una sanción. Hace falta una segunda para que se llegue a la multa.
La contaminación atmosférica es otro de los problemas medioambientales que arrastra España y en el que, de nuevo, las responsabilidades están compartidas entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Bruselas tiene activos dos expedientes por la mala calidad del aire: uno referido a las partículas PM10 (que no ha llegado a la justicia) y otro por incumplir reiteradamente los límites fijados para dióxido de nitrógeno en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona. Por este último caso, España fue condenada hace justo un año, aunque sin sanciones todavía.
Otro caso por el que España ha sido condenada también se centra en el mal estado del acuífero del que vive Doñana. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE data de junio de 2021 y ponía el foco en el mal uso del agua en el entorno del parque nacional. Aquella condena fue un primer aviso y la Comisión ha amagado en los dos últimos años en un par de ocasiones con denunciar otra vez a España por lo mismo y, esta vez sí, pedir sanciones. Lo hizo tras presentar en dos ocasiones el PP andaluz un proyecto de ley para regularizar cultivos ilegales en el entorno del parque. Finalmente, el Gobierno y la Junta cerraron un acuerdo por el que esa iniciativa para la legalización de regadíos no se aprobará.
El vertido incontrolado de residuos, la contaminación por nitratos y la falta de mapas de ruidos son otros de los casos que continúan activos y que sitúan a España como el país europeo con más infracciones a las normas medioambientales al cierre de este 2023.
