Tegucigalpa – El Ministerio Público de Honduras aclaró en las últimas horas de este viernes que Juan José Lagos Romero, esposo de la exdiputada nacionalista, Waleska Zelaya, no fue detenido en Miami, Estados Unidos, aunque confía en que la Policía Internacional (Interpol) ejecute el arresto.
La Fiscalía hondureña había confirmado que Lagos Romero había sido detenido y enviado en un vuelo comercial a Honduras, pero en un comunicado emitido horas después informó que se trató de una información imprecisa que les fue proporcionada.
Ante el anuncio de la captura del empresario, un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) fue desplegado al aeropuerto de Palmerola en Comayagua, para concretar la detención, no obstante, Lagos Romero no venía en el vuelo.
“Información imprecisa proporcionada en relación a la captura en Estados Unidos de Juan José Lagos Romero, provocó el desplazamiento de los equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) al aeropuerto internacional de Palmerola”, cita el último comunicado del Ministerio Público.
Ahora queda esperar que la Interpol ejecute la Alerta Roja Internacional con orden de arresto contra el esposo de la exdiputada nacionalista, Waleska Zelaya, el caso del “Mascarillazo”.
Los exfuncionarios procesados en el caso son los exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H); Marco Bográn y Alex Moraes, e involucra a Carlos Luis Guevara Mondragón y Bessy Roxana Rodríguez; por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Del mismo modo, están imputadas las empresarias Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería) por suponerlas responsables del delito de fraude a título de cooperador necesario.
El séptimo acusado de fraude es Juan José Lagos Romero, propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, y que continúa prófugo de la justicia.
De acuerdo con la relación de hechos, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de Invest-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
