San Salvador, El Salvador. – El esposo de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, Louis Benavides, junto a abogados de la organización Cristosal, presentó una denuncia para que se investiguen y verifiquen presuntas violaciones a los derechos de la jurista durante su privación de libertad en El Salvador.
La acción fue presentada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), según confirmó este lunes a EFE un portavoz de Cristosal.
La denuncia solicita a la titular de la institución, Raquel Caballero, verificar lo que la organización califica como “graves” violaciones a las garantías judiciales de López, así como el acceso restringido a sus abogados y familiares.
También pide que se conozca de manera oficial y verificable su estado actual de salud.
De acuerdo con Cristosal, la solicitud plantea que, ante los riesgos físicos y emocionales que podría enfrentar la abogada, se evalúe la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas a la cárcel.
Además, se demanda que se garantice el acceso de su familia a información sobre su condición médica, así como el respeto a su derecho a un juicio justo, público y con plena defensa.
Ruth López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo inicial de peculado, relacionado con su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, entre 2014 y 2019.
Sin embargo, la Fiscalía General modificó posteriormente el delito a enriquecimiento ilícito al momento de presentar la acusación formal en su contra.
En junio de 2025, López enfrentó la audiencia inicial del proceso.
Un juzgado de Paz resolvió que permaneciera en prisión mientras se desarrollaba la etapa de instrucción, fijada inicialmente por un período de seis meses, que concluyó el 4 de diciembre de 2025.
Tras el vencimiento de ese plazo, la Fiscalía General solicitó ampliar la investigación por otros seis meses.
El proceso penal fue declarado bajo reserva total por el tribunal que conoce la causa, por lo que no se conocen detalles del expediente.
La abogada permanece a la espera de la audiencia de instrucción, que debió haber sido programada en junio pasado, aunque hasta ahora no se ha informado una fecha.
El portavoz de Cristosal indicó a EFE que todavía no se sabe cuándo será convocada dicha audiencia.
El caso de Ruth López se produjo en un contexto de creciente preocupación entre organizaciones humanitarias por la situación de defensores de derechos humanos, abogados, ambientalistas y periodistas críticos del gobierno de Nayib Bukele.
En 2025, tras la detención de López y del abogado constitucionalista Enrique Anaya, diversas organizaciones locales e internacionales denunciaron la salida de defensores y comunicadores del país, atribuyéndola al acoso policial y judicial contra voces críticas del Ejecutivo.
La denuncia presentada ante la PDDH busca ahora que una institución de derechos humanos verifique las condiciones de detención de López, su estado de salud y el respeto de sus garantías judiciales dentro de un proceso penal que permanece bajo reserva.
Para Cristosal y la familia de la abogada, el punto central es que la privación de libertad no implique aislamiento, falta de información médica ni restricciones indebidas al derecho de defensa.
